El Gobierno de Javier Milei escaló el enfrentamiento con la Ciudad de Buenos Aires al ordenar la suspensión de la licitación de los medios públicos porteños, pero Jorge Macri confirmó que el proceso continuará según lo previsto.
El interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, notificó formalmente al jefe de Gobierno porteño que considera ilegal el proceso para licitar Radio La Once Diez, La 2X4 y el Canal de la Ciudad, programado para el 12 de mayo a las 11 horas.
En la comunicación oficial, Ozores advirtió que "de persistir con el proceso licitatorio, este Organismo se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio". El funcionario nacional argumentó que existe una "colisión con el marco regulatorio vigente" que establece el principio de indelegabilidad del servicio.
Según la normativa citada por ENaCom, los servicios de comunicación audiovisual deben ser prestados por quienes "accedieron a la condición de licenciatario por estar calificado para la misma" y fueron previamente evaluados por la autoridad de aplicación. La violación de esta norma se considera "falta grave" y puede ser penalizada con la caducidad.
Consultado por la notificación nacional, el Gobierno porteño fue terminante: "Sigue adelante". Fuentes oficiales de la gestión Macri calificaron de "llamativo que el Gobierno Nacional liberal se oponga a la concesión del gerenciamiento de los medios públicos de la Ciudad".
La licitación, originalmente programada para el 20 de abril, fue postergada por el propio gobierno porteño hasta el 12 de mayo. Los interesados podrán ofertar por las dos radios juntas y/o por el canal de televisión, con un precio base de $1,23 millones de canon mensual para las radios y $10,75 millones para el canal.
Los concesionarios deberán "acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación" y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión. Además de la gestión operativa, tendrán a cargo la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de la programación, pudiendo gestionar la comercialización de espacios publicitarios bajo supervisión del gobierno porteño.
Jorge Macri había justificado la medida como una forma de "dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada". "No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos", había argumentado en redes sociales.
La notificación de ENaCom generó un fuerte impacto en el kirchnerismo y en la Asamblea de Trabajadores de los Medios Públicos, quienes calificaron de "ilegal" el proceso licitatorio. La legisladora porteña Graciana Peñafort (Unión por la Patria) señaló en redes sociales que "la idea de privatizar los medios de la ciudad NO va a funcionar" porque "contradice la Constitución de la CABA" y viola la ley de servicios de comunicación audiovisual.
El enfrentamiento entre Nación y Ciudad por los medios públicos porteños marca un nuevo capítulo en las tensiones entre ambas jurisdicciones, con implicancias que trascienden lo mediático para instalarse en el terreno de las competencias constitucionales y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Comentarios