La Justicia Federal extendió por otros tres meses la prisión preventiva del líder mapuche Facundo Jones Huala, quien permanece desde hace casi un año en una cárcel de máxima seguridad de Rawson, Chubut. La decisión fue tomada por el Juez Federal Gustavo Zapata a pedido del Ministerio Público Fiscal.
La medida se produce días después de que la Justicia decidiera endurecer los cargos contra el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), argumentando que su accionar habría comenzado en 2011, antes de lo que se creía inicialmente. Los fiscales sostienen que la investigación está en pleno proceso y que su liberación podría entorpecer la pesquisa.
Como respuesta a la prórroga de la preventiva y al rechazo de su traslado a una cárcel de Esquel, Jones Huala anunció que dejará de ingerir líquidos, agravando la huelga de hambre de sólidos que mantiene desde hace tres semanas. La decisión fue comunicada por sus abogados de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.
El activista mapuche es investigado por presunta asociación ilícita calificada y se le endilgan múltiples atentados, amenazas y sabotajes bajo la figura de la RAM, organización que según el MPF tiene vinculación con la CAM chilena. La Resistencia Ancestral Mapuche fue considerada una organización criminal, siendo Jones Huala su único integrante expreso identificado.
La defensa del líder mapuche denunció que la audiencia virtual del viernes constituyó "una verdadera declaración de guerra" tanto a su defendido como a cualquier comunidad de Pueblos Originarios. Los abogados acusan al Ministerio de Seguridad de la Nación de tomar decisiones políticas que interfieren en el ámbito judicial.
El conflicto por el traslado se originó cuando el juez Zapata autorizó en 2025 la derivación a la U14 de Esquel para que Jones Huala pudiera "permanecer cerca de su familia" que reside en Bariloche. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal rechazó la solicitud por decisión política, según denuncia la defensa.
La semana pasada, el fiscal Fernando Arrigo formalizó la ampliación de la imputación, asegurando que el activista actuó desde noviembre de 2011 realizando "diversos eventos de sabotaje y agresión". El MPF sostiene que el objetivo de la organización es la imposición de ideas por la fuerza para aterrorizar a la población.
El estado de salud de Jones Huala podría agravarse considerablemente con la decisión de suspender también la ingesta de líquidos, lo que añade presión sobre las autoridades judiciales y penitenciarias en un caso que se ha convertido en un símbolo de la tensión entre el Estado argentino y los movimientos mapuches.
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