La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas sigue sin resolverse y, según estimaciones citadas en pedidos de interpelación al ministro de Defensa, Carlos Presti, la deuda de IOSFA habría alcanzado $500.000 millones a septiembre de 2026.
El dato aparece en el Congreso mientras circulan pedidos de interpelación al jefe de la cartera militar. El informe del asesor Marcelo Seghini, vinculado al diputado Pablo Juliano y a la Fundación Alem, precisa que el monto depende de la metodología usada.
Algunos cálculos sitúan la deuda consolidada con prestadores y proveedores en torno a $213.000 millones. Otros elevan el pasivo a $500.000 millones al incorporar activos, pasivos y conceptos adicionales. La diferencia obliga a definir qué se está contabilizando.
El problema no es solo contable. La creación de la nueva OSFA a principios de 2026 no cerró el agujero financiero de la antigua obra social. En paralelo, IOSFA Residual sigue interviniendo en la cobertura porque la nueva estructura aún no tiene red suficiente de prestadores.
El Ministerio de Defensa admite un déficit operativo mensual que llegó a estimarse en $19.000 millones. Esa presión se suma a la transición dispuesta en febrero por el DNU 88/2026, que ordenó disolver y liquidar IOSFA en doce meses.
El DNU también creó la OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, OSFFESEG. La apuesta era separar las nuevas estructuras del pasivo antiguo, pero en los hechos la estructura residual todavía debe sostener prestaciones.
Antes, al 6 de agosto de 2025, un informe de situación registraba una deuda total de $238.678 millones, incluidos $9.822 millones por intereses del préstamo del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares.
Esta semana, gremios denunciaron que, en lugar de sanear la obra social, hubo recortes de 576 puestos. Además, señalaron que se les quitarían 13 hoteles y 33 farmacias, lo que agrava la percepción de deterioro institucional.
La tensión derivó en protestas de afiliados frente a las autoridades de la obra social y en la renuncia del segundo administrador y liquidador, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán. Los afectados son uniformados en actividad, en retiro y sus familias.
El informe de Seghini registró demoras e interrupciones en prestaciones sensibles: tratamientos oncológicos, diabetes, medicamentos, geriatría, reintegros por discapacidad y gastos afrontados directamente por los afiliados. También se mencionan interrupciones de servicios en distintas jurisdicciones.
En el Congreso, la discusión se centra en si el Estado puede sostener la transición sin profundizar el déficit. Los pedidos de interpelación buscan que Carlos Presti explique el manejo del pasivo, el traspaso de afiliados y el cumplimiento de compromisos como el 70% de la venta de propiedades para las Fuerzas.
La promesa de que el 10% de los inmuebles vendidos del Estado entre a las arcas militares también genera escepticismo. En el medio, los afiliados ven cómo la obra social que los cubre se desarma mientras la deuda crece.
El teniente general Carlos Presti está incómodo porque los afectados son uniformados en actividad y en retiro, además de sus familias. No solo no les está pudiendo dar una respuesta, sino que la situación pareciera no poder controlarse. La presión política crece en el Congreso.
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