El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la verificación patrimonial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, acusado de enriquecimiento ilícito. La investigación se centra en ocho billeteras virtuales por las que pasaron USD 591.000 en criptomonedas, cuentas que Adorni declaró como propias pero que no están registradas a su nombre.
El caso tomó relevancia porque Adorni, quien fue vocero presidencial antes de ser promovido a ministro coordinador, mostró un cambio patrimonial abrupto tras asumir en diciembre de 2023. Compró una casa en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires), un departamento en Caballito, realizó múltiples viajes y costosas remodelaciones.
Según su defensa, Adorni invirtió USD 199.883 en bitcoin en 2017 con ahorros propios y de su esposa Bettina Angeletti, producto de una herencia y sus trabajos. La valorización de la criptomoneda le habría generado USD 591.544 al año siguiente, dinero que asegura haber mantenido "debajo del colchón" durante casi seis años.
El punto crítico de la investigación es que las billeteras de autocustodia no están registradas con nombre y apellido. Adorni posee las claves privadas para acceder, pero fuentes judiciales indicaron que será necesario comprobar si era el dueño real en la fecha de las transacciones, más allá de tener acceso actual.
"Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por 'vivir como si no lo tuvieran', privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial", argumentó su abogado Matías Ledesma. La defensa sostiene que fabricó su fortuna antes de ser funcionario, aunque la empezó a gastar una vez en Casa Rosada.
Adorni declaró haber operado siempre en negro, adquiriendo criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores en espacios públicos, pagando en efectivo y bajo estricto anonimato. Esta versión genera dudas en la Fiscalía, que considera improbable mantener medio millón de dólares en efectivo durante seis años sin movimientos bancarios.
El defensor entregó las claves privadas de las billeteras en un sobre cerrado y lacrado que solo se abrirá si la investigación lo requiere. También presentó un acta notarial que constata que Adorni tiene acceso actual a las cuentas. Los investigadores analizan pedir que sea el propio abogado quien abra las billeteras en la fiscalía, con registro en video.
El fiscal Pollicita solicitó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público Fiscal que analice la versión de Adorni. Aún no se definió si los especialistas trabajarán sobre la trazabilidad de los activos cripto, un proceso técnico complejo que permitiría rastrear el origen de los fondos.
Otro punto de controversia es el costo de las remodelaciones en su casa del country bonaerense. Adorni asegura haber pagado USD 175.000, pero el contratista Matías Tabar declaró bajo juramento que fueron USD 245.000, una diferencia de 70.000 dólares sin justificar.
La investigación se desarrolla en la Fiscalía Federal N° 11 y podría derivar en un procesamiento si no se logra acreditar el origen lícito de los fondos. El caso pone en evidencia las dificultades del sistema judicial argentino para rastrear operaciones en criptomonedas, un vacío legal que complica la fiscalización patrimonial de funcionarios públicos.
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