Una investigación judicial pone en el centro de la escena a Eduard Rivas, actual jefe de gabinete del presidente catalán Salvador Illa y exalcalde de Esparreguera entre 2015 y 2024. El funcionario está siendo investigado por supuestas irregularidades en contratos municipales durante su gestión al frente del municipio barcelonés.
Según reveló el diario El Periódico, los Mossos d'Esquadra incautaron en enero pasado el teléfono móvil de Rivas por orden del juez de Martorell, en el marco de un proceso que busca esclarecer presuntas anomalías en la contratación pública del ayuntamiento de Esparreguera.
La investigación se centra en la Fundación para la Inclusión Laboral, una entidad con sede en Esparreguera dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad. Las sospechas apuntan a que parte del dinero procedente de contratos públicos habría sido desviado para sufragar gastos privados de particulares vinculados a la organización.
El magistrado mantiene abierta una pieza separada reservada que incluye tanto el dispositivo móvil de Rivas como la documentación incautada en el Ayuntamiento de Esparreguera. El exalcalde figura como investigado y ya se ha personado en la causa con abogado defensor.
Desde la Presidencia del gobierno catalán expresaron su "plena confianza" en Rivas y destacaron su disposición a colaborar con la Justicia. "Él mismo es el primer interesado en que se esclarezca esta investigación cuanto antes mejor y de aquí su total disposición a colaborar en todo aquello que sea necesario", señalaron fuentes oficiales del Govern.
Rivas asumió como jefe de gabinete de Illa tras la victoria electoral del PSC en las elecciones catalanas de 2024. Su trayectoria política incluye la presidencia de la Federación de Municipios de Cataluña entre 2023 y 2024, la vicepresidencia del Consejo Comarcal del Baix Llobregat, y roles como asesor parlamentario en el Parlamento Europeo junto a figuras como Raimon Obiols y Javi López.
El caso pone bajo la lupa las prácticas de contratación en administraciones locales catalanas y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control en el uso de fondos públicos destinados a programas sociales. La investigación judicial determinará si existieron irregularidades en la gestión de recursos que debían beneficiar a colectivos vulnerables.
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