El Banco Central retomó en mayo la publicación de su Informe de Política Monetaria del primer trimestre de 2026, un documento que funciona como diagnóstico del programa económico y señal sobre las prioridades de la conducción monetaria. La lectura deja una conclusión de doble registro: la etapa más crítica de la estabilización parece superada en términos nominales, pero la economía real acumula rezagos significativos.
El frente inflacionario mostró en abril su primera señal genuina de alivio en varios meses. El Índice de Precios al Consumidor registró una suba del 2,6%, la primera lectura mensual inferior a la del mes previo desde hace nueve meses, cuando el pico de marzo había alcanzado el 3,4%.
La moderación tuvo un motor preciso en el sector alimentario. Las carnes y derivados, que entre noviembre y marzo habían promediado alzas del 6,4% mensual, prácticamente no aumentaron en abril, con deflación en algunos cortes populares. Esto explicó que los alimentos y bebidas subieran apenas 1,5% en el mes, muy por debajo del índice general.
Los bienes transables reforzaron ese alivio. El calzado subió solo 0,5% en el Gran Buenos Aires, los automóviles bajaron 0,4% y la indumentaria corrió por debajo del IPC. A esto se sumó la decisión de la principal refinadora del país de incrementar los combustibles apenas un 1% y volver a la pausa de 45 días, pese a que el Brent ronda los USD 105 por barril y los expertos estiman un atraso del 15% en precios locales.
Del lado contrario, los precios regulados continuaron avanzando al 4% o 5% mensual, impulsados por los ajustes en servicios públicos que el programa sostiene como parte del proceso de normalización tarifaria. Los servicios privados también mantienen su inercia, indexándose con referencia a la inflación pasada.
Para llegar al 30% anual en diciembre, el ritmo mensual promedio desde mayo debería descender a 1,9%, lo que implica perforar de manera sostenida el piso de 2,5% alrededor del cual la inflación núcleo ha oscilado durante todo el primer cuatrimestre.
El capítulo salarial del informe del BCRA es el más incómodo del documento. Entre agosto de 2025 y marzo de 2026, los salarios acumularon una suba del 13,8%, mientras que la inflación general avanzó un 20,5% en el mismo período. Esa brecha de casi 7 puntos porcentuales implica una caída significativa del poder adquisitivo real de los trabajadores.
Los ingresos por debajo de la inflación comprimen la demanda de consumo y reducen la capacidad de las empresas de trasladar costos a precios. En ese sentido, el rezago salarial es a la vez un factor del éxito parcial del proceso desinflacionario y su costo social más directo. El informe sugiere que la recuperación del poder adquisitivo comenzará a percibirse gradualmente a medida que la inflación continúe desacelerando.
Esta dinámica refleja el dilema clásico de los programas de estabilización: los números nominales mejoran antes que la economía real, generando un período de transición donde los trabajadores del AMBA enfrentan el costo del ajuste mientras esperan que los beneficios de la menor inflación se trasladen a sus bolsillos.
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