El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este miércoles a Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La investigación se inició tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni. El expediente recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas.
Según las declaraciones juradas analizadas, Francisco Adorni declaró un patrimonio neto de $80.500.000 en 2025, lo que representa un incremento significativo respecto al año anterior. Este salto patrimonial se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación de un crédito hipotecario de $60.000.000 del Banco Provincia en apenas doce meses.
La denuncia cuestiona la capacidad del funcionario para cancelar las 12 cuotas del préstamo en un año con su sueldo como titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF), cargo al que accedió en junio de 2025 tras desempeñarse en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa.
El fiscal Marijuán ya solicitó informes a más de 30 organismos y pidió levantar el secreto fiscal y bancario del imputado. Entre los requerimientos figura información a ARCA, AGIP, ARBA, Migraciones y el Banco Central sobre movimientos financieros, bienes registrables y viajes al exterior desde 2020 a la actualidad.
Francisco Adorni llegó a la función pública de la mano de su hermano y actualmente integra el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, tras conseguir una banca en las últimas elecciones. El fiscal aclaró que esta investigación se centra exclusivamente en el patrimonio del diputado provincial, ya que Manuel Adorni está siendo investigado en otra causa a cargo del juez Ariel Lijo.
La causa representa un nuevo dolor de cabeza judicial para el entorno del Gobierno nacional, en momentos en que la administración de Javier Milei enfrenta múltiples frentes de conflicto político y económico. El caso pone bajo la lupa los mecanismos de control patrimonial de funcionarios públicos y la efectividad de las declaraciones juradas como herramienta anticorrupción.
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