A casi dos meses del derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°31 imputó por estrago culposo agravado a los dueños de Constructora Sudamericana (COSUD) S.A., la empresa que edificó el sector afectado.
La fiscal María Rosa Selvatici cambió la carátula del caso y ahora investiga a siete directivos de la constructora con penas que van hasta cinco años de prisión. Entre los imputados se encuentran el presidente del directorio Rudi Boggiano, el vicedirector Carlos Rubén Bertrán y el ingeniero Néstor Raúl Caputo.
Según la acusación, los trabajos realizados en el sector 2 del complejo -el área que colapsó- presentaron "vicios estructurales" en la losa de la planta baja construida sobre el estacionamiento. La fiscal determinó que hubo una sobrecarga de 0,70 metros de tierra más placas de laja, sin sistema de drenaje eficaz.
La investigación reveló que desde 2022 la constructora desatendió reclamos formales por filtraciones y compromiso estructural, incluyendo una intimación del Ministerio Público Fiscal porteño que nunca fue cumplida hasta el momento del colapso del 3 de marzo pasado.
También fueron imputados el encargado del área técnica Cristian Andrés Tejía y el ingeniero Francisco Adolfo Sierra por haber ejecutado tareas de perforación e impermeabilización sin memoria descriptiva ni proyecto previo, en una losa cuyo compromiso estructural era conocido.
La fiscalía extendió las responsabilidades a los apoderados del Banco Hipotecario por incumplir el deber fiduciario de control de obra, pese al conocimiento documentado de las filtraciones y el compromiso estructural.
El derrumbe durante la madrugada obligó a evacuar a unas 300 personas del barrio porteño, generando un operativo que incluyó alojamiento en hoteles. La controversia se intensificó cuando el Gobierno porteño habilitó el regreso de los damnificados, pero doce vecinos debieron volver a los hoteles tras detectarse nuevos problemas estructurales.
El Gobierno porteño anunció una ayuda económica de $100 millones por única vez para los damnificados, aunque los reclamos continúan y algunos vecinos han decidido mudarse definitivamente ante la inestabilidad del complejo habitacional.
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