El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó a Vanesa Elizabeth Fita, hermana del presidente del Partido Justicialista provincial y diputado provincial Gustavo Fita, por una presunta estafa vinculada a viviendas sociales.
La causa también alcanzó a cuatro mujeres más, entre ellas Lucía Miranda, María Victoria Curan, Gisela Mansilla y Lara Camila Páez. Según la acusación, el esquema se desarrolló en Comodoro Rivadavia entre 2023 y 2024.
Fita, según la acusación, decía operar bajo el ala del ex gobernador Mariano Arcioni y aprovechaba la necesidad habitacional de la zona. El esquema incluía coordinadoras que solicitaban documentación personal, recolectaban comprobantes y mantenían la ilusión del trámite.
La fiscalía sostiene que la estafa habría incluido 594 casos y un monto total de $59.400.000. El inicio se remonta a abril de 2023, cuando Fita comenzó a ofrecer la adjudicación de casas supuestamente recuperadas o en construcción por el Instituto Provincial de la Vivienda.
La imputada exigía un depósito inicial de $100.000, del cual $80.000 iban para el IPV y $20.000 para la conexión eléctrica.
Los pagos se realizaban en cuentas bancarias personales de Banco Galicia y Naranja Digital, además de billeteras virtuales. Todas esas cuentas estaban a nombre de Lara Camila Páez, la última imputada.
Las víctimas eran incorporadas a grupos de WhatsApp tras realizar los pagos. Allí recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación.
Entre mediados de 2023 y principios de 2024, las acusadas organizaban reuniones presenciales en lugares públicos, donde esquivaban dar fechas concretas. Con el paso de los meses, las fechas de entrega comenzaron a postergarse.
Según los testimonios, las acusadas invocaban problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV. Uno de los testimonios indicó que Fita aseguraba contar con el respaldo directo del entonces gobernador Mariano Arcioni y de su secretaria.
No obstante, la fuente aclara que no se probó que el exmandatario provincial tuviera alguna implicancia en el caso. Luego de repetidos incumplimientos, algunos damnificados consultaron directamente a la delegación del IPV y confirmaron que todo era falso.
El 5 de febrero de 2024, el concejal libertario Omar Lattanzio y vecinos afectados radicaron las primeras denuncias que dieron inicio a la investigación. Tras años de investigaciones y operativos policiales, el fiscal general de Chubut, Martín Cárcamo, solicitó la elevación a juicio.
El fiscal pidió penas de 6 a 8 años de prisión para la principal acusada, y de entre 1 y 6 años de prisión para las mujeres que colaboraron en el esquema. La imputación se basa en los delitos de estafa por calidad simulada e influencia mentida.
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