A cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis, un nuevo elemento sacude la investigación: Roque Lucero, abuelo de la niña, fue imputado por abuso sexual contra una menor con discapacidad del mismo barrio. La familia denuncia que ni la justicia provincial ni la federal investigaron antes a este hombre, pese a que ya había sido denunciado hace más de dos años.
Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 Viviendas de San Luis, cuando tenía apenas 5 años. Jugaba en la vereda durante un cumpleaños familiar y desde entonces no se supo más de ella. La causa pasó de la justicia provincial a la federal sin detenidos, imputados ni hipótesis firmes.
"Se enteraron por nosotros, te da bronca e impotencia. Es una niña desaparecida, y cuando pasa lo de Guada, en la investigación provincial ya había una denuncia contra esta persona", expresó Silvia Domínguez, abuela de Guadalupe y madre de Yamila Cialone. "No puede ser que la justicia federal se entere por nosotros, no trabajan en conjunto".
La denuncia contra Roque Lucero se realizó en noviembre de 2024 por una adolescente de 15 años con discapacidad que vivía en el mismo barrio. Según la abogada Soledad Poma de Otaegui, la menor tiene dificultades para comunicarse verbalmente y sus padres notaron crisis de angustia hasta que logró expresar lo que había sufrido.
"Fue un camino muy largo, nos costaba notificarlo porque declaraba distintos domicilios", explicó la letrada. La pericia en Cámara Gesell del 20 de abril arrojó resultados positivos: "la nena logra un relato muy concreto, donde puede contar la situación y no quedan dudas de los hechos".
Tras la denuncia, Roque Lucero se mudó por una restricción de acercamiento y dejó la casa que compartía con Eric Lucero, padre de Guadalupe. Para la familia, esta imputación representa una línea de investigación que la justicia nunca exploró: "Es el menos investigado de toda la causa".
"No entendemos cómo no lo investigaron, cuando pasó lo de Guada a todos nos quitaron los teléfonos, nos interrogaron", reclamó Silvia. "Será su abuelo, lo que sea, pero cuando desaparecen menores, la familia es la principal sospechosa. Tienen que investigar todo".
La abogada Poma de Otaegui se constituyó como querellante en el expediente de la desaparición de Guadalupe tras contactarse con la familia para informar sobre las denuncias. Mientras tanto, los familiares mantienen la esperanza de encontrar respuestas sobre el paradero de la niña que conmovió a todo el país hace cinco años.
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