El sector agropecuario bonaerense vive una nueva grieta. La Federación de Acopiadores, durante el Congreso A Todo Trigo realizado en Mar del Plata, puso sobre la mesa uno de los debates más polémicos del momento: la posible sanción de una Ley de Suelos para la provincia de Buenos Aires.
El disparador fue un anteproyecto elaborado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (CIAFBA), que busca frenar la degradación de suelos productivos tomando como referencia el modelo uruguayo. La propuesta obliga a los productores a presentar planes de uso y rotación a cuatro años avalados por profesionales certificados.
La iniciativa dividió aguas dentro del sector. Mientras algunos consideran indispensable avanzar hacia un esquema de conservación más exigente, otros advierten sobre el riesgo de sumar burocracia y controles estatales a una actividad ya sobrerregulada.
Sebastián Mazzilli, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, expuso la experiencia del país vecino, considerada una referencia internacional. "En Uruguay tenemos vocación de cartografía", explicó, destacando que el sistema se apoya en un conocimiento detallado de cada ambiente productivo y modelos que estiman el nivel de erosión tolerable.
Desde la experiencia piloto de 2010, el sistema uruguayo creció gradualmente y hoy abarca 1,7 millones de hectáreas bajo planes de manejo. Los productores deben presentar esquemas de cultivos ajustados a parámetros técnicos para minimizar la erosión, con cada plan firmado por un ingeniero agrónomo acreditado.
Uno de los conceptos más resistidos es considerar que "el suelo es un bien social", definición que choca con la idea de propiedad privada. Sin embargo, Mazzilli sostuvo que el sistema uruguayo logró amplio consenso por ser "dinámico y participativo".
En representación del CIAFBA, Guillermo Studdert advirtió sobre el deterioro acelerado de los suelos bonaerenses. "Los suelos de la provincia de Buenos Aires están sufriendo degradación intensa de forma acelerada", alertó, mencionando pérdida de materia orgánica, cambios en actividad biológica, compactación y procesos de sodificación.
El proyecto propone definir distritos de conservación para identificar áreas críticas degradadas y establecer planes obligatorios de uso por períodos mínimos de cuatro años. Los responsables serían tanto el productor como el propietario, con estímulos, sanciones y programas de capacitación.
Studdert recordó antecedentes exitosos como la ley pampeana vinculada al cultivo de maní, que obliga a intercalar franjas de cultivos altos para disminuir la erosión eólica.
El debate refleja una tensión más amplia entre la necesidad de preservar el recurso suelo y la resistencia del sector a nuevas regulaciones estatales. Para los productores del AMBA y la región pampeana, esta discusión será clave en los próximos meses, especialmente considerando que Buenos Aires concentra gran parte de la producción agrícola nacional.
La definición de esta normativa podría marcar un precedente para otras provincias productoras y redefinir las reglas de juego en uno de los sectores más importantes de la economía argentina.
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