La Cámara Federal de Casación Penal dejó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral y público a Luis Omar “Lucho” Giménez, exsubgerente de Télam y dirigente del Sindicato de Trabajadores de Prensa, por enriquecimiento ilícito.
El dirigente, procesado en 2019 junto a su pareja Romina Elisa Falcón, enfrenta una causa que se inició en 2018 por una denuncia de la Oficina Anticorrupción, cuando ocupaba la Subgerencia del Departamento de Logística e Ingresos de la agencia estatal.
La defensa intentó cerrar el proceso argumentando que, durante parte del período investigado, Giménez no reunía la condición de funcionario público necesaria para aplicar el delito entre 2007 y 2019. Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron la queja y consideraron que la resolución del Tribunal Oral Federal N° 8 no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva.
Según el expediente, el juez federal Sebastián Ramos procesó a Giménez porque registró desde 2007 un incremento patrimonial que no se correspondía con sus ingresos. También procesó a Falcón y dispuso embargos por $90 millones para cada uno, equivalentes a dos millones de dólares, en un total de US$ 4 millones.
Uno de los puntos centrales de la investigación fue la figura de Nahuel Cruz Amarilla, entonces empleado de Télam, a quien el expediente señaló como posible testaferro. Según la causa, el trabajador otorgó a Giménez un poder amplio para administrar y disponer de sus bienes, y después aparecieron a su nombre inmuebles en Wilde, entre ellos un chalet y un departamento con cochera.
En una declaración, Cruz Amarilla relató que llegó a un banco y se encontró con un escribano, Giménez, Falcón y una mujer vinculada a una inmobiliaria. Allí, según consta, se enteró de que Giménez le estaba poniendo una casa a su nombre.
La investigación incorporó que una de esas propiedades fue adquirida por US$ 55.000 en efectivo. El dato fue relevante porque, según el expediente, Cruz Amarilla tenía un salario de alrededor de $10.000 mensuales, equivalente a poco más de US$ 200.
Otro elemento analizado fueron los viajes y los vehículos. Migraciones informó que Giménez realizó 33 viajes al exterior entre 2007 y 2017. Además, cuando declaró ante la Justicia dijo ser dueño de dos vehículos, pero los registros automotores consignaban cinco: un Rover, un Renault Laguna, un Volkswagen Vento, una coupé Hyundai y un Audi.
La causa también analizó sus cuentas bancarias. Según la información incorporada, Giménez tenía cuentas en Santander Río, BBVA Francés y Citibank.
El avance hacia el juicio oral llega después de años de investigación sobre el patrimonio de un dirigente gremial peronista cercano a Hugo Moyano, vínculo que se remonta a los años en que Sitrapren se incorporó a la Corriente Nacional Sindical Peronista impulsada por Moyano.
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