El Ministerio de Trabajo bonaerense prorrogó por cinco días la conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el STIA por los 1.200 despidos en tres plantas de la provincia.
La resolución se tomó tras una audiencia que duró más de cuatro horas y se llevó a cabo el lunes en la sede de la cartera laboral en La Plata. De esta manera, la medida seguirá vigente hasta el viernes, cuando las partes vuelvan a reunirse para intentar resolver el conflicto.
La conciliación obligó a la firma a reincorporar a los trabajadores despedidos a principio de septiembre en las fábricas de Capitán Sarmiento, Esteban Echevarría y Pilar. El conflicto involucra a tres plantas de la provincia y a un grupo de empleados que, según el gremio, no perciben salarios ni tienen tareas asignadas.
El STIA pidió expresamente durante la audiencia que no se dictara la medida, porque impide que los trabajadores soliciten un fondo de desempleo. El gremio sostuvo que, a la fecha, los trabajadores no están percibiendo sus salarios, que no fueron reincorporados los despedidos y tampoco les fueron asignadas tareas.
Por su parte, el apoderado del grupo empresario, Walter Carrizo, volvió a describir la situación económica, financiera y productiva de las compañías. Remarcó el pedido ante la Justicia Comercial para que los concursos preventivos de WADE, Granja Tres Arroyos SA y Avex SA sean tramitados de manera conjunta.
Según consta en el acta de la audiencia, esa cuestión “se encuentra pendiente de resolución definitiva”. Carrizo agregó que se requirió la urgente apertura de los procesos concursales para avanzar hacia la designación de la sindicatura y obtener el tratamiento judicial de las medidas necesarias para normalizar el flujo financiero y operativo de las compañías.
Los pedidos de apertura de los concursos y la solicitud para que sean tratados de manera conjunta fueron radicados en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del magistrado Germán Páez Castañeda. Ese juez remitió el expediente al Juzgado Comercial N°1.
El juez Alberto Alemán, titular de ese juzgado, se declaró incompetente y devolvió la causa. Ahora Páez Castañeda deberá decidir qué hacer con los concursos.
En la audiencia con el STIA, Carrizo aseguró que “una parte sustancial de los fondos y cobranzas correspondientes a las empresas se encuentra afectada por las medidas cautelares y mecanismos de cobro coercitivo vinculados con obligaciones de causa anterior a las presentaciones concursales”.
El apoderado concluyó que esa situación genera una extraordinaria restricción de liquidez y una severa afectación del flujo de fondos, limitando objetivamente la disponibilidad de recursos necesarios para atender normalmente las obligaciones corrientes y sostener el nivel habitual de actividad.
La prórroga mantiene la incertidumbre en las tres plantas de la provincia, con especial atención en Esteban Echevarría y Pilar, donde el empleo industrial pesa en el bolsillo de los trabajadores. El próximo viernes será clave para saber si el conflicto se resuelve o si se avanza con los concursos.
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