La conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el STIA quedó sin efecto el viernes, y los 1.250 despidos en tres plantas bonaerenses quedaron firmes.
La última audiencia se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo de La Plata, sin acuerdo. La empresa, en crisis productiva, económica y financiera, ratificó las desvinculaciones.
No hubo nueva extensión de la medida por parte del gobierno bonaerense. La firma, con todas sus empresas solicitando la apertura del concurso de acreedores, ratificó los despidos.
Según el recuento de la cartera laboral, la firma despidió 700 trabajadores en Capitán Sarmiento.
También desvinculó a 50 empleados en Pilar y a 500 en Esteban Echeverría.
El apoderado Walter Carrizo sostuvo que la empresa “mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas”. Afirmó que no se trata de nuevos despidos.
La defensa del grupo avícola justificó las medidas por la “necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible”. También habló de “preservar la continuidad de la explotación”.
La representación de la empresa volvió a rechazar acusaciones de vaciamiento y de la “provocación deliberada de la crisis”. Sostuvo que la afectación de fondos y cobranzas, por medidas vinculadas a obligaciones anteriores a las presentaciones concursales, limita la capacidad de atender compromisos corrientes y recuperar el funcionamiento de los establecimientos.
La empresa dijo que “las empresas mantienen su disposición al diálogo”. Aseguró que no asumirá obligaciones adicionales carentes de respaldo.
Fuentes sindicales explicaron que, hasta que se asigne el juzgado que llevará los concursos, los trabajadores no podrán acceder a las indemnizaciones. El pago se hará bajo el artículo 247.
La fuente sindical explicó que “se está a la espera de que la cámara designe un juzgado”. Ese juzgado designará un síndico, que determinará qué crédito debe pagar la empresa cuando tenga fondos.
El grupo empresario pidió que el Juzgado Comercial N° 21 trate de manera conjunta los concursos de Granja Tres Arroyos SA, WADE SA y Avex SA.
El expediente fue remitido al Juzgado Comercial N° 1, cuyo titular se declaró incompetente y devolvió la causa.
El magistrado Germán Páez Castañeda deberá decidir qué hacer con los concursos. Además, pesa una inhibición de bienes sobre las empresas por decisión judicial ante la denuncia de vaciamiento.
Para los trabajadores de Pilar y Esteban Echeverría, la resolución del conflicto ahora depende de la designación del juzgado y del síndico. La empresa insiste en que no hay nuevos despidos.
Con información de: Clarín y fuente principal.
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