En la previa a la marcha universitaria federal, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a defender la posición del Gobierno y calificó la movilización como 'política', asegurando que está 'construida emocionalmente sobre una mentira'.
El funcionario negó categóricamente que haya existido un recorte presupuestario a las universidades públicas y sostuvo que el conflicto se centra en que 'no hay una actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos'. En declaraciones a Radio Rivadavia, Álvarez cuestionó la excepcionalidad del tratamiento parlamentario: 'Es la única paritaria que fue aprobada en el Congreso'.
La controversia gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo artículo 5 insta al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas según la inflación registrada por el INDEC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en octubre de 2025. Sin embargo, Álvarez argumentó que la Ley de Presupuesto 2026 se votó con posterioridad, por lo que consideró que esta última tiene primacía.
'Quieren 50% de aumento', criticó el subsecretario, quien comparó el tratamiento que recibe la actual administración con el gobierno anterior: 'A Massa no le exigían nada. A nosotros nos analizan como si fuéramos Suiza'. Esta referencia al ex ministro de Economía refleja la estrategia oficial de contrastar la gestión actual con la herencia recibida.
Respecto a los supuestos recortes informados en el Boletín Oficial, Álvarez aclaró que se trataba de 'obras públicas del ministerio de Economía' que iban a ser destinadas a universidades, pero que correspondían a 'partidas del gobierno anterior que no se continuaron'. El funcionario ironizó sobre la primera marcha universitaria: 'Se hizo con el argumento de que queríamos cerrar las universidades y yo no veo ninguna universidad cerrada'.
Un punto de tensión particular involucra a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y los hospitales universitarios. Álvarez desmintió las versiones sobre falta de transferencias presupuestarias: 'Se transfirió todo', pero señaló que la UBA reclama un 'fondo común para todas las universidades' pretendiendo el 95% de ese fondo. Sobre el histórico déficit del Hospital de Clínicas, el subsecretario sugirió revisar las causas estructurales del problema.
El Gobierno busca modificar el sistema de asignación presupuestaria universitaria, que según Álvarez se manejó 'por negociación política' desde 1983. La propuesta oficial apunta a implementar 'indicadores objetivos' como cantidad de alumnos, docentes y metros cuadrados, en lugar del actual sistema que considera 'arbitrario'.
Para fundamentar su posición, el funcionario presentó datos comparativos: en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cada ingeniero cuesta 42 millones de pesos, mientras que en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) un graduado sale 423 millones. Álvarez criticó la existencia de 'carreras con 18 docentes y un solo alumno' y reveló que el sistema estaba programado para ocultar carreras con menos de 10 estudiantes.
El subsecretario concluyó que el sistema universitario 'nos está dando muy pocos graduados' pese a gastar 400 mil millones de pesos por mes en salarios, que según aseguró se depositan 'en tiempo y forma'. Esta declaración busca desmentir versiones sobre atrasos en los pagos que circularon en el ámbito académico.
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