El Gobierno nacional decidió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera tras la polémica desatada por el artículo que proponía gravar con Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs. De esta manera, quedará trunco el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados, aunque cada uno de sus articulados volverá a ser revisado antes de un eventual tratamiento en ambas cámaras.
La decisión fue confirmada por Casa Rosada y por el bloque de diputados libertario, que informaron a Infobae que la totalidad del proyecto será retirada. Horas antes, se había señalado que solo iba a ser eliminado el artículo que contenía la propuesta de modificar el tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos.
Los CEDEARs son instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país. La propuesta que generó controversia buscaba que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan.
El objetivo era que las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior quedaran alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a este medio, la alícuota que podría haberse aplicado era de 15%. La medida contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara el proyecto.
El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de transparencia fiscal, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.
En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior. Para los inversores de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la decisión evita una modificación que podía impactar en la rentabilidad de sus operaciones.
El proyecto, enviado este lunes a la Cámara de Diputados, reunía 240 artículos que buscaban introducir cambios en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y determinadas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio y apuntaba a flexibilizar regulaciones de distintas actividades del sector financiero.
Entre sus ejes figuraba la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. Además, el texto preveía que esos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, con exigencias de seguridad, trazabilidad, identificación del emisor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores.
La propuesta contemplaba la creación de los Otros Ámbitos de Negociación Autorizados, una categoría que pretendía incluir plataformas digitales, aplicaciones y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados. Así, las transacciones efectuadas en esos espacios iban a tener la misma validez jurídica que las realizadas en mercados autorizados.
La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y de la CNV. La autoridad monetaria conservaría el control sobre pagos, liquidaciones y compensaciones que involucren pesos o moneda extranjera, mientras que el organismo regulador del mercado quedaría a cargo de la emisión, el registro y la negociación de valores negociables tokenizados.
La salida del proyecto no cierra el debate sobre la regulación financiera. El texto deberá volver a revisarse antes de un eventual tratamiento en ambas cámaras, en un contexto donde la polémica por los CEDEARs dejó en evidencia la sensibilidad de los inversores frente a cambios impositivos en el mercado local.
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