El Gobierno nacional prorrogó este lunes la complementariedad entre planes y beneficios sociales con el trabajo rural registrado temporario hasta el 1° de septiembre de 2027, luego de más de un mes y medio sin vigencia.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 1204/2026, que prorroga por un año la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, en cuanto resulten aplicables.
El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández, permite que los trabajadores rurales temporales en blanco conserven los beneficios de planes sociales mientras realizan campañas agrícolas, con el objetivo de evitar faltantes de mano de obra en el sector.
Según el decreto, la prórroga se dispuso porque actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y de productores manifestaron la conveniencia de dar continuidad a la norma, con el fin de consolidar los resultados alcanzados.
El Ejecutivo consideró que las medidas dispuestas por su intermedio contribuyeron a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares.
Por ello, el decreto indica que resulta necesario y oportuno prorrogar la vigencia del Decreto N° 514/21 y sus normas complementarias y aclaratorias, en cuanto resulten aplicables, para asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos.
La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) había reclamado en repetidas oportunidades la prórroga del plan y envió una carta a Sandra Pettovello para advertir que la no extensión de la medida ponía en riesgo 120.000 puestos de trabajo.
El secretario general de Uatre, José Voytenco, afirmó en la misiva que la falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país.
Según el dirigente gremial, la experiencia de los últimos años demostró que el mecanismo es fundamental porque permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar.
Voytenco advirtió que la discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales.
El gremio concluyó que las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades.
Aunque la norma apunta a las economías regionales, la continuidad de la mano de obra rural puede tener un efecto indirecto sobre la oferta de alimentos que llega a la Ciudad y al conurbano.
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