El conflicto entre el gobierno hondureño y el sector del transporte urbano dio un giro decisivo cuando el presidente Nasry Asfura confirmó la disponibilidad de fondos para saldar la deuda pendiente con los transportistas, una medida que busca frenar un eventual aumento en las tarifas del pasaje.
Según el mandatario, se cuenta con hasta 320 millones de lempiras para cubrir los pagos atrasados correspondientes al bono compensatorio, un subsidio clave para mantener congelada la tarifa del transporte público en las principales ciudades del país centroamericano.
Asfura explicó que estos recursos forman parte del Presupuesto General 2026, el cual aún no se había cargado completamente en la plataforma correspondiente. Desde el fin de semana, equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas trabajan en incorporar la información presupuestaria de cada institución para agilizar los desembolsos.
El desglose de la deuda comprende pagos atrasados de cuatro meses. Se contempla cancelar 160 millones de lempiras correspondientes a diciembre y enero, y otros 160 millones para cubrir febrero y marzo, con el objetivo de ponerse al día hasta el tercer mes del año.
La respuesta del sector transporte fue inmediata. Un comunicado firmado por dirigentes del transporte urbano de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca confirmó que se ha establecido un canal de comunicación directa con el presidente, lo que representa un avance significativo en las negociaciones.
En su pronunciamiento, los transportistas indicaron que ambas partes han acordado priorizar el diálogo como única vía para resolver las demandas del sector y reconocieron el compromiso del Ejecutivo de proceder sin más retrasos al pago del bono compensatorio adeudado.
Como parte de este acercamiento, la dirigencia nacional del transporte urbano fue citada a una reunión este miércoles con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Se prevé que en dicho encuentro se aborde de forma integral la problemática del rubro.
En señal de apertura, el sector transporte anunció un "compás de espera", suspendiendo por el momento posibles medidas de presión, tales como incrementos en la tarifa o paralizaciones del servicio. Esta decisión responde a una muestra de voluntad política para construir acuerdos que beneficien tanto a los transportistas como a la población usuaria.
Pese a la tregua, los transportistas recalcaron que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, especialmente en lo relativo a los pagos pendientes, los cuales consideran fundamentales para la sostenibilidad del servicio.
El conflicto por el subsidio al transporte ha sido frecuente en los últimos años, con tensiones periódicas entre autoridades y transportistas por demoras en los desembolsos. La actual negociación abre una ventana de oportunidad para evitar afectaciones a los usuarios, quienes suelen ser los más impactados por cualquier ajuste en la tarifa.
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