El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las principales novedades de la reforma laboral de Milei, no podrá arrancar el 1° de junio como estaba previsto. El Ministerio de Economía todavía no publicó la reglamentación necesaria para que funcione este esquema obligatorio para todas las empresas del país.
Fuentes oficiales confirmaron que el lanzamiento del FAL se posterga para la segunda mitad del año, aunque aseguran que comenzará antes de enero de 2027, fecha límite establecida por la ley sancionada por el Congreso. La demora se produce en medio del anuncio de una baja de retenciones al agro y la industria.
El esquema obligará a todos los empleadores a constituir un FAL al que derivarán un porcentaje de los aportes de seguridad social. En lugar de ir a la Anses, esos fondos se invertirán en el mercado financiero y podrán usarse para afrontar indemnizaciones por despidos o juicios laborales.
En el mercado financiero, las sociedades de bolsa que esperaban la reglamentación aseguran que los tiempos ya eran ajustados. "Necesitamos tres meses después de la reglamentación para estar listos", señalaron desde una entidad del sector.
El Gobierno admite que para las firmas más pequeñas la creación de fondos específicos podría resultar compleja. Una alternativa sería habilitar un "FAL pyme" que permita agrupar a micro y pequeñas empresas dentro del mismo fondo, evitando la creación de miles de fondos separados.
Según un informe de PwC, el costo fiscal del FAL sería equivalente al 0,15% del PBI en 2026 si hubiera empezado en junio. Medido a año completo, el impacto ascendería al 0,23% del Producto, un monto significativo para la meta fiscal del 1,4% del PBI acordada con el FMI.
Las proyecciones indican que el FAL abarcaría a 3 millones de empleados de grandes compañías y otros 2,7 millones de trabajadores de pymes. El Grupo SBS estima que el fondo podría alcanzar un tamaño de hasta US$ 1.900 millones en el plazo de un año.
Para las empresas del AMBA, especialmente las pymes del conurbano bonaerense, la implementación del FAL representa un desafío adicional en un contexto económico complejo. La postergación genera incertidumbre sobre los costos laborales y la planificación financiera de las compañías de la región.
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