Para conseguir la media sanción al proyecto que recorta subsidios al gas de la Ley de Zona Fría, el Gobierno negoció con provincias del norte un subsidio compensatorio en la boleta de electricidad por 'Zona Cálida', que implica un mayor gasto público y complica el ajuste fiscal inicialmente previsto.
Durante las negociaciones en la Cámara de Diputados, la administración libertaria ofreció una contrapartida para sumar votos: prometió a Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe la creación de subsidios eléctricos en zonas muy cálidas y cálidas, con un costo fiscal estimado entre USD 71 y 95 millones anuales.
El documento oficial se tituló 'Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb'. El texto plantea aumentar los bloques subsidiados en los meses de noviembre y marzo: 300 kW/h adicionales para la Zona muy Cálida y 200 kW/h para la Zona Cálida.
Sin embargo, la implementación de este beneficio quedaría bajo una Resolución del Ministerio de Economía, lo que genera incertidumbre sobre su cumplimiento efectivo. Parte de la oposición no dialoguista alertó que la medida podría no materializarse al depender solo de una resolución ministerial.
Según pudo confirmar este medio, actualmente Zona Fría genera un déficit de 485.000 millones de pesos. De aprobarse la ley, el ahorro para las arcas del Estado sería de 272.099 millones de pesos. No obstante, fuentes oficiales de la Secretaría de Energía aclararon que esta cifra no incluye el gasto adicional de los nuevos subsidios eléctricos.
Al tipo de cambio mayorista de $1.400, el costo de la 'Zona Cálida' representa aproximadamente $126.000 millones anuales, es decir, la mitad del ahorro que se buscaba con el recorte original. Esta situación evidencia las dificultades del Gobierno para conciliar el ajuste fiscal con las demandas territoriales.
El proyecto oficial propuso sustituir artículos de las leyes 25.565 y 11.672, restringiendo el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El nuevo esquema limitaría el financiamiento solo a compensaciones en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, dejando afuera a provincias que ingresaron en la ampliación de 2021.
Esa extensión de 2021 amplió el criterio a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. Este crecimiento tensionó el Fondo Fiduciario y motivó la revisión del esquema.
Para los vecinos del AMBA, el proyecto implica que aquellos que actualmente reciben subsidios por zona fría en partidos como Esteban Echeverría, Florencio Varela o La Matanza perderían este beneficio, al quedar excluidos del nuevo esquema que se concentra en las regiones históricas.
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