La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México informó sobre la sanción a 10 funcionarios públicos de diversas dependencias federales por cometer infracciones administrativas no graves, según comunicó oficialmente este 17 de mayo.
Las sanciones, determinadas por los Órganos Internos de Control de cada institución, incluyen inhabilitaciones y suspensiones que van desde 15 días hasta nueve meses, dependiendo de la gravedad de cada caso específico.
El caso más severo corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde el médico especialista Jorge C. recibió una inhabilitación de nueve meses tras detectarse la omisión en el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de una paciente menor de edad con fractura de cadera.
En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Maricela T., subdirectora de Redes en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, fue inhabilitada por tres meses por no rendir cuentas al concluir su cargo.
Por su parte, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) sancionó a Hugo H., jefe de departamento de Edificaciones, con una suspensión de 22 días debido a que no supervisó adecuadamente la ejecución de un contrato de obra pública.
La Guardia Nacional concentró el mayor número de sanciones dentro del informe. Seis elementos fueron suspendidos por diferentes conductas relacionadas con incumplimientos operativos y administrativos.
Daniel G., Eder L. y Víctor V. fueron suspendidos durante 15 días por presentar certificados carentes de validez, mientras que Amsi R. recibió la misma sanción tras extraviar equipo táctico institucional.
Adicionalmente, Sergio G. fue suspendido por abandonar su área de servicio sin autorización, y Moisés R. fue sancionado por conducir de forma negligente una radiopatrulla y ocasionar daños a la unidad.
En la Secretaría de Cultura, Alejandro H., jefe de departamento de Organización Documental, fue suspendido por 15 días debido a faltas de respeto de índole sexual.
La Secretaría Anticorrupción indicó que las resoluciones buscan proteger los derechos de las personas afectadas y reforzar los principios de integridad y legalidad dentro de las instituciones públicas. Todas las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, aunque la dependencia aseguró que defenderá cada determinación "con firmeza".
Estas acciones forman parte de la estrategia federal para fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas mexicanas.
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