El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de ley del "Súper RIGI", un régimen de incentivos para grandes inversiones que apunta a captar proyectos de al menos US$ 1.000 millones en sectores que actualmente no operan en Argentina. La iniciativa tendrá una vigencia de cinco años si obtiene la aprobación parlamentaria.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias está diseñado para atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. El esquema se enfoca exclusivamente en actividades que no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo sea experimental.
Para acceder al régimen, las inversiones deberán canalizarse mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas exclusivamente para cada emprendimiento. Los proyectos deberán ejecutar al menos el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años desde la adhesión.
Entre los principales beneficios fiscales, el Súper RIGI establece una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos, mejorando significativamente las condiciones del RIGI tradicional que las reducía hasta el 25%. También contempla un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.
En materia de dividendos y utilidades, la carga se reducirá al 3,5% luego de cuatro años desde la adhesión, comparado con el 7% que establecía el RIGI original. El proyecto incorpora además beneficios aduaneros, eximiendo de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con los proyectos.
El esquema cambiario prevé un sistema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: 20% al primer año, 40% al segundo y 100% al tercero. Esta flexibilización busca facilitar el acceso a moneda extranjera para los inversores internacionales.
Una de las características más atractivas del Súper RIGI es la garantía de 30 años de estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social. El proyecto también prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional.
Para que los proyectos puedan acceder a los beneficios nacionales, las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen. El texto establece que cualquier norma local que limite los incentivos previstos podrá ser considerada "nula de nulidad absoluta e insanable".
Entre los sectores candidatos mencionados por el Gobierno se encuentran la cadena de valor del litio, manufactura de baterías, proyectos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), y producción de paneles solares. Estos sectores representan oportunidades estratégicas para la diversificación de la matriz productiva argentina.
Comentarios