El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades públicas para que garanticen la continuidad de las clases durante la semana de paro docente que comenzó este lunes y se extenderá hasta el 2 de mayo.
La cartera que dirige Sandra Pettovello elevó el pedido mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitando que informen las medidas adoptadas para "asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios".
El comunicado oficial expresó "extrema preocupación" por la suspensión total de la actividad académica en universidades de todo el país. En respuesta, requirió a los rectores un plan de contingencia que incluya garantías de acceso para docentes que no adhieran a la medida de fuerza y modalidades alternativas como herramientas virtuales o reprogramaciones.
"El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender", señaló el documento oficial.
La medida de fuerza es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), en la previa de una nueva marcha federal universitaria hacia Plaza de Mayo.
El eje central del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La Justicia exigió al Gobierno el "cumplimiento inmediato" de los artículos 5 y 6, referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, cruzó duramente al Ejecutivo: "Celebramos que por primera vez el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación".
El funcionario de la UBA añadió que "el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses".
La tensión entre el Gobierno y las universidades públicas se intensifica mientras los estudiantes de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano ven afectado el dictado normal de clases en instituciones como la UBA, que concentra la mayor matrícula universitaria del país con más de 300.000 estudiantes.
Comentarios