En medio de las tensiones internas que atraviesa el oficialismo, el Gobierno decidió acelerar su agenda legislativa y anunciará en las próximas horas el envío de cuatro proyectos de ley al Congreso Nacional. La movida busca recuperar el control de la agenda política tras las turbulencias de los últimos días.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue quien comunicó la decisión a través de sus redes sociales, detallando que se enviarán una nueva Ley de Ludopatía, el denominado "Super RIGI", una Ley de Lobby y modificaciones a la actual Ley de Etiquetado Frontal de alimentos.
El Super RIGI representa una ampliación del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, según había adelantado el ministro de Economía Luis Caputo a principios de mes. Esta nueva versión abarcará sectores que "hoy no existen en Argentina", como el refinamiento de cobre, la producción de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, además de la cadena de valor del uranio y fertilizantes.
Una de las principales ventajas del Super RIGI será la reducción de la tasa de Ganancias del 25% al 15%, eliminación de aranceles de exportación y exenciones para importaciones. Estas medidas apuntan a atraer inversiones en sectores estratégicos para la transición energética y la diversificación productiva.
Respecto al etiquetado frontal, el oficialismo busca derogar la obligatoriedad de los octógonos negros que actualmente deben incluir las empresas alimenticias para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías. Diputados del PRO y La Libertad Avanza ya habían presentado una iniciativa propia argumentando que la coexistencia de cuatro sistemas distintos en el Mercosur genera costos adicionales, especialmente para las pymes exportadoras.
El tema de la ludopatía genera particular controversia. El proyecto había obtenido media sanción en Diputados durante 2024, pero nunca fue tratado en el Senado. El oficialismo se había opuesto al texto original por considerarlo "demasiado restrictivo" y argumentar que podía afectar libertades comerciales y competencias provinciales sobre el juego.
La Ley de Lobby, por su parte, establecería un mecanismo de transparencia que obligaría a funcionarios y legisladores a registrar reuniones con empresas, sindicatos u otros grupos de presión, siguiendo modelos implementados en otros países.
La oposición no tardó en reaccionar. El diputado radical Pablo Juliano cuestionó la autoridad moral de Adorni para presentar una ley de lobby, mientras que Mónica Frade de la Coalición Cívica fue más dura: "No te alcanza con corrupto. Sos chanta también", le espetó al jefe de Gabinete, recordando que la ley de ludopatía fue aprobada con 140 votos en 2024 sin el apoyo del oficialismo.
Esta ofensiva legislativa se produce en un momento delicado para el Gobierno, que busca mantener la iniciativa política mientras enfrenta cuestionamientos internos y presiones de la oposición. La estrategia apunta a demostrar capacidad de gestión y avance en temas que considera prioritarios para su agenda de gobierno.
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