El día después de la masiva protesta universitaria que concentró más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, el Gobierno nacional prepara una nueva convocatoria para la semana próxima con autoridades de las universidades públicas. La propuesta oficial incluye un aumento salarial del 12% escalonado, pero los rectores ya anticipan su rechazo por considerarla insuficiente.
Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, el planteo que elevará el Poder Ejecutivo partirá de lo contemplado por la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualmente descansa en la Cámara de Diputados. "La idea es partir de la base del proyecto que establece un aumento del 12% y actualiza los gastos de funcionamiento. Es lo autorizado por Toto Caputo", confesó un funcionario del área económica.
La nueva iniciativa surge tras el desacato gubernamental a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. A esto se suma una reducción de $78.768 millones del presupuesto universitario y la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes.
El proyecto readaptado por el Ejecutivo propone una actualización salarial escalonada con un incremento del 4,1% trimestral sobre el sueldo de diciembre de 2025, a aplicarse durante los meses de marzo, julio y septiembre. Además, establece una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado.
La propuesta también incluye un incremento de $80.072.460.000 del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios. En caso de que los desembolsos excedan las partidas fijadas, el exceso será cubierto a través de refuerzos provenientes de otras jurisdicciones presupuestarias.
Sin embargo, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantienen una posición firme. "Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Así sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una vergüenza", expresó un importante referente del ámbito universitario, quien además negó haber recibido un llamado formal del Gobierno.
En Balcarce 50 aspiran a concretar un acuerdo que les permita evitar que la Corte Suprema se expida sobre el tema, instrumentándolo a través del Ministerio de Capital Humano, específicamente bajo la subsecretaría de Políticas Universitarias que comanda Alejandro Álvarez. "Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado", planteó una voz del oficialismo.
Aunque en la Casa Rosada minimizaron públicamente el impacto de la movilización, internamente reconocen preocupación por la escalada del conflicto. Varios funcionarios apuntan contra el Ministerio de Economía por el blindaje de los fondos. "Nos estamos comiendo estas piñas por Hacienda que no aceptó los números iniciales", admitió un funcionario a este medio.
La convocatoria, que aún no tiene fecha confirmada pero que el Gobierno garantiza que no pasará de la semana próxima, se produce en un contexto de alta tensión. Los rectores sostienen que deberían activarse negociaciones paritarias en paralelo y anticipan que rechazarán una propuesta que consideran claramente insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la gestión libertaria.
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