El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de protección de la propiedad intelectual en semillas que tendrá impacto directo en los productores agropecuarios de la Provincia de Buenos Aires, especialmente aquellos dedicados al cultivo de soja y trigo en la zona del AMBA rural.
La estrategia oficial combina herramientas de control reforzadas para variedades protegidas, cambios en la patentabilidad biotecnológica y una mesa de diálogo con entidades del sector para consensuar una nueva Ley de Semillas y la adhesión argentina al convenio internacional UPOV 91.
La primera medida se formalizó mediante la Resolución Conjunta 3/2026 de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que establece un nuevo protocolo para la identificación varietal de semillas a partir de muestras obtenidas en el primer punto de entrega del grano.
El cambio más significativo radica en que actores privados como acopios, puertos y cámaras arbitrales podrán realizar análisis para identificar la genética de las semillas utilizadas, bajo protocolos acordados con el Inase. Esta medida afectará particularmente a los productores de la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la actividad agrícola de la región metropolitana.
Cuando se detecte el uso de una variedad protegida sin reconocimiento económico, la resolución prevé una instancia de negociación directa entre el productor y el obtentor. Solo en caso de no llegar a un acuerdo, el organismo oficial actuará como instancia administrativa de revisión.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa argumentando que la falta de protección efectiva generó un fuerte atraso tecnológico en la agricultura argentina. Según el funcionario, la escasa protección de los derechos de los obtentores desincentivó la llegada de nuevas variedades y provocó que empresas argentinas encontraran mejores condiciones para expandirse en otros países, especialmente Brasil.
Los números que presentó Sturzenegger son contundentes: mientras Argentina registró apenas 23 nuevas variedades de soja en el último año, Brasil incorporó unas 330. Esta diferencia, según el ministro, ayuda a explicar parte de la brecha de productividad existente entre ambos países.
El funcionario aseguró que la nueva herramienta no perjudicará a quienes utilizan variedades actualmente disponibles, ya que el esquema reforzado de control solo se aplicará a los nuevos materiales que se registren a partir de ahora.
Paralelamente, se oficializó la Resolución Conjunta 1/2026 de las Secretarías de Agricultura e Industria, que introduce cambios en materia de patentabilidad, especialmente para los eventos biotecnológicos. La norma derogó resoluciones que databan del 2001 y eliminó exigencias burocráticas que, según la industria semillera, tardaron 25 años en modificarse.
Más allá de las resoluciones recientes, el Gobierno busca avanzar sobre una discusión de mayor alcance: la actualización de la Ley de Semillas y la eventual adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91, que regula los derechos de propiedad intelectual de los obtentores vegetales.
Con ese objetivo se realizó una reunión entre funcionarios nacionales y representantes de la Mesa de Enlace, CREA, Aapresid y la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), presentada como el inicio de un proceso destinado a construir consensos en un sector clave para la economía bonaerense.
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