El ministro de Economía Luis Caputo confirmó que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días una versión renovada de la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar significativamente su alcance y atraer más dólares del colchón hacia el sistema financiero formal.
"Vamos a estar mandando una versión renovada", aseguró Caputo durante el 43º Congreso Anual del IAEF. "Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento", señaló el titular del Palacio de Hacienda.
La decisión surge tras el bajo nivel de adhesión que tuvo el régimen original, sancionado en diciembre pasado. Según datos de ARCA, hasta ahora se adhirieron más de 80.000 contribuyentes, aunque la adhesión se duplicó en los últimos 20 días, una cifra que el Gobierno considera insuficiente.
El cambio más significativo será la eliminación de los topes máximos para ingresar al régimen, que actualmente limitan la participación a contribuyentes con hasta $1.000 millones de ingresos brutos anuales y $10.000 millones de patrimonio total. Esta modificación permitiría el ingreso de prácticamente cualquier contribuyente sin limitaciones.
Además, el nuevo proyecto analizará incluir a los grandes contribuyentes que quedaron en el padrón luego de la depuración que realizó ARCA en 2025, que redujo ese número un 60% hasta los 1.500 actuales. De esta manera, prácticamente no habría limitaciones en cuanto al universo de personas comprendidas.
Las modificaciones surgieron de una reunión que Caputo mantuvo hace dos semanas con la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy y el titular de ARCA Andrés Vázquez, donde convocaron a seis tributaristas y contadores especializados, entre ellos César Litvin, Alejandro Rosenfeld y Miriam Roldán.
"Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones", explicó Caputo tras el encuentro. Los expertos trasladaron una extensa lista de planteos para brindar mayor garantía y seguridad jurídica al régimen.
Entre las cuestiones técnicas que se buscan aclarar están la modificación de lo que muchos entienden por saldo a favor del fisco, que se reemplazaría por impuesto determinado, y precisiones respecto de la "discrepancia significativa" cuando existe una diferencia mayor a 15% entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por el fisco.
Como primera medida, el Gobierno ya extendió el vencimiento del Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas y empresas hasta fines de julio, atendiendo uno de los pedidos más urgentes de los especialistas consultados.
Desde Economía insisten en que no se trata de un blanqueo tradicional, sino de un sistema que apunta a terminar con la "presunción de culpabilidad fiscal" y canalizar el ahorro informal hacia inversiones productivas que impulsen el crecimiento económico.
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