El Gobierno nacional enfrenta una nueva presión sobre sus cuentas públicas: la deuda flotante se disparó a $4 billones en marzo, duplicando los $2 billones del mes anterior, según datos oficiales de la Tesorería General de la Nación.
Esta deuda invisible representa compromisos de pago asumidos pero no ejecutados, una práctica que se intensificó en el marco del ajuste reforzado implementado en todos los ministerios ante la caída de la recaudación tributaria.
El salto del 28% mensual en la deuda flotante coincidió con el mes en que el Ministerio de Economía logró sostener el superávit primario, pero a costa de postergar pagos a proveedores y contratistas del Estado.
Según el economista Salvador Vitelli, esta cifra representa un nivel preocupante aunque no inédito: durante 2018 y 2021 la deuda flotante llegó a superar los $12 billones a valores actuales, mientras que al asumir la gestión actual rondaba los $10 billones.
La consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtió que aunque el superávit primario de marzo alcanzó los $930.000 millones, el incremento de pagos postergados pone "el ancla fiscal bajo la lupa" y plantea dudas sobre la sostenibilidad futura.
"Con ingresos más castigados y parte del ajuste apoyado en gastos postergados, la discusión pasa de la foto al flujo y a la sostenibilidad hacia adelante", señaló PPI en su informe.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) explicó que esta deuda flotante, aunque no forma parte técnicamente de la deuda pública, genera efectos negativos en la economía: los proveedores incrementan precios de referencia al sector público y se desincentiva la participación en licitaciones.
A nivel macroeconómico, la OPC advirtió que puede afectar la liquidez de empresas proveedoras e incluso llevarlas a retrasar el pago de impuestos, lo que "atenta contra la eficiencia del gasto público y contribuye a elevar el nivel de precios".
Los técnicos del FMI suelen monitorear este indicador como parte de su evaluación de las cuentas públicas argentinas, llegando a establecer topes obligatorios en programas anteriores para evitar que el ajuste fiscal se apoye excesivamente en el retraso de pagos.
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