La exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, prestó declaración indagatoria este martes en el Tribunal Oral Federal N° 8 por la compra del edificio del Ministerio Público Fiscal en Perón 667, microcentro.
La exfuncionaria se limitó a leer las respuestas que ya había dado en 2017, durante la instrucción del caso, y no respondió nuevas preguntas del fiscal de juicio, Marcelo Colombo. El TOF 8 también indagó al resto de los acusados en la causa por la licitación pública del inmueble.
El productor de seguros Juan Carlos Thilly y el exdirectivo de Arfinsa Argentina Financiera, Adrián González Fischer, se negaron a declarar, aunque podrían hacerlo más adelante. Bárbara Jaureguiberry, representante de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, pidió que se leyera su indagatoria previa.
En la indagatoria de 2017, realizada ante el fiscal Eduardo Taiana y el juez federal Julián Ercolini, Gils Carbó defendió la transparencia de la licitación y apuntó por el cobro de comisiones contra Thilly y su medio hermano, Guillermo Bellingi, quien se suicidó días antes del inicio del debate.
La jefa de los fiscales entre 2012 y 2017 reconoció un negocio oculto, pero sostuvo que se desarrolló a sus espaldas. Según dijo, no conocía a Thilly, ni a Arfinsa, ni a la inmobiliaria Jaureguiberry, y suspendió a Bellingi apenas se enteró.
El juicio debate la adquisición del edificio en 2013 por $43.850.000. La hipótesis fiscal sostiene que los acusados usaron formas engañosas para dar apariencia de legalidad a una licitación que, según la acusación, estaba direccionada de antemano con los directivos de Arfinsa.
La acusación indica que se dejó sin efecto dos meses antes la licitación pública N° 17/2012. De haberse realizado, el Estado habría pagado cerca de $27.000.000, en lugar de los $43.850.000 finalmente abonados.
Arfinsa pagó una comisión de $7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por el asesoramiento en la operación. La inmobiliaria le pagó $3.019.054 a Thilly por un supuesto asesoramiento, comisiones que superaron el 14% del valor total.
Según la acusación, Thilly cobró esa comisión por su acceso directo a información privilegiada, como pliegos y fechas de la licitación, facilitada por su medio hermano. A través de su defensor, Alejandro Rúa, Gils Carbó planteó la inexistencia de delito en su participación.
La defensa agregó al expediente actuaciones del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y una resolución del procurador interino, Eduardo Casal, que, a su criterio, eximen de responsabilidad a Gils Carbó. Rúa sostuvo que la PIA y la Procuración concluyeron que no hubo direccionamiento.
Con información de: Infobae y Notibaires24.
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