El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, encabezó una comitiva que se reunió con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para transmitir la preocupación de los profesionales respecto de la Acordada n° 11/2026.
Esta decisión, firmada recientemente por el TSJ porteño, establece un nuevo ordenamiento reglamentario que incluye formularios obligatorios para la presentación de recursos de inconstitucionalidad y de queja. La medida surge en un contexto marcado por el fuerte crecimiento de casos que llegan al tribunal tras el fallo "Levinas" de la Corte Suprema nacional en 2024.
En la mañana del miércoles, el excamarista y exministro de Justicia ingresó a la sede de Cerrito 760, acompañado por su sucesora Alejandra García; la titular del Colegio de Abogados de la Ciudad, Rosalía Sylvestre; y su par de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta.
"Ratificamos la opinión del Colegio Público, en cuanto a que la Acordada 11 tiene un carácter exclusivamente ordenatorio, y no puede tener nunca como consecuencia el rechazo del recurso que se presente", subrayó Gil Lavedra ante las máximas autoridades de la justicia porteña.
Lo escuchaban atentamente las tres ministras y uno de los ministros del TSJ: su presidenta Inés Weinberg; su vicepresidenta Alicia Ruiz; y sus colegas Luis Lozano y Marcela de Langhe.
Según el texto de la Acordada 11/2026, el "informe de actividad jurisdiccional 2025" reveló "un incremento exponencial en el cúmulo de causas ingresadas al Tribunal durante el último año", fenómeno vinculado a la incidencia de la doctrina fijada por la Corte Suprema en el precedente "Levinas" y la reciente sanción de la Ley 27.802.
En base a esta situación, el TSJ aprobó dos formularios: uno para interponer recursos de inconstitucionalidad y otro para recursos de queja por denegación. Ambos formularios deben acompañar obligatoriamente los escritos judiciales según la acordada.
"Dejamos en claro que no puede prescindirse de la opinión de los abogados y abogadas cuando se discuten cuestiones que afectan directamente al ejercicio profesional y el acceso a la justicia", destacó la presidenta electa del CPACF. García, quien asumirá el próximo 1° de junio, también solicitó mayor transparencia en la circulación de expedientes.
"La participación de la abogacía en este tipo de debates forma parte de una concepción republicana del funcionamiento judicial, en la que las transformaciones relevantes del sistema se enriquecen a partir del diálogo institucional y de la pluralidad de perspectivas técnicas", reiteraron desde el Colegio Público.
El precedente "Levinas", firmado en diciembre de 2024 por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el exjuez Juan Carlos Maqueda, había sentado un nuevo paradigma al reconocer que el TSJ de CABA es el tribunal superior de la causa para los procesos tramitados ante la justicia nacional ordinaria porteña, incluyendo los fueros civil, comercial, laboral y penal.
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