El Gobierno promulgó este martes la reforma del Régimen de Zona Fría, que modifica los subsidios al gas natural y provocará aumentos en las facturas incluso para usuarios que conserven el beneficio. La nueva ley espera un decreto reglamentario para definir detalles operativos.
El cambio afecta a las regiones históricas de Patagonia, Malargüe y la Puna, así como a localidades incorporadas durante la ampliación de 2021. Según la Secretaría de Energía, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderían subsidios.
Hasta ahora, el régimen contemplaba descuentos del 30% y del 50% sobre la tarifa plena, que incluye precio del gas, transporte y distribución. Con la reforma, las bonificaciones se calcularán únicamente sobre el precio del gas en el PIST, dejando afuera los otros dos componentes.
Julián Rojo, investigador del IIEP-UBA-CONICET, explicó que la modificación provocará un salto en el valor de las facturas, adicional a los incrementos habituales de los cuadros tarifarios. La magnitud del aumento todavía no está determinada.
La modificación más importante afecta a los usuarios que ingresaron al régimen en 2021, cuando la ampliación alcanzó a unos tres millones de usuarios, principalmente en Buenos Aires y otras localidades del centro del país. Dejarán de tener garantizado el descuento automático por ubicación geográfica y podrán acceder al SEF si cumplen requisitos socioeconómicos.
Durante el debate legislativo, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que aproximadamente 1,6 millones de usuarios perderían los subsidios. El régimen se financia mediante un fondo fiduciario que recibe un recargo sobre el precio del gas, ahora de hasta 7,5%.
Según fuentes del sector, en 2021 el recargo del 5,3% alcanzaba para financiar la totalidad de las bonificaciones, en un contexto de tarifas congeladas o por debajo de costos. La recomposición posterior del precio del gas y de las tarifas de transporte y distribución hizo que la recaudación del fondo dejara de alcanzar.
De acuerdo con la consultora Economía y Energía, entre enero y agosto de 2026 se erogaron US$86 millones, equivalentes al 44% del crédito vigente para este año.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla otros US$95 millones para financiar el régimen. Sin embargo, esa previsión fue elaborada antes de la sanción de la reforma, por lo que no necesariamente refleja el costo del nuevo esquema.
La ampliación se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández y extendió los descuentos a regiones de clima templado que antes no estaban comprendidas. Ese cambio amplió el universo de beneficiarios y, con la nueva ley, parte de esos hogares deberá acreditar condiciones para seguir recibiendo asistencia.
El decreto reglamentario será clave para definir cómo se aplicará el nuevo cálculo y qué requisitos habilitarán el acceso al SEF.
Con información de: Clarín - Último Momento.
Comentarios