La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, denunció que funcionarios encargados de desalojos de bienes vinculados al narcotráfico enfrentan amenazas y hostigamientos sistemáticos, incluyendo casos registrados en la región metropolitana donde opera personal que trabaja en el Gran Buenos Aires.
La denuncia, difundida a través de un video institucional, describe episodios de asedio contra servidores públicos en distintas regiones del país, incluida la capital y zonas del conurbano bonaerense donde la SAE ejecuta operativos de recuperación de inmuebles producto de procesos de extinción de dominio.
"Son objeto de amenazas, de hostigamientos, de asedios, a raíz de su labor, que es la recuperación de estos predios que vienen y provienen de economías ilícitas", afirmó Pérez, quien advirtió que estos hechos no son aislados y han encendido las alertas dentro de la entidad que administra bienes incautados al crimen organizado.
Los funcionarios afectados integran equipos especializados en la recuperación física de inmuebles que permanecían bajo control de estructuras sin respaldo legal, muchos de ellos ubicados en zonas estratégicas del AMBA donde operan redes vinculadas al lavado de activos y actividades ilícitas.
La SAE es la entidad encargada de administrar, custodiar y gestionar bienes incautados o extintos en Argentina, incluyendo inmuebles, vehículos y empresas vinculados a investigaciones por actividades criminales. Sus operativos requieren acompañamiento de fuerzas de seguridad debido a que muchos bienes están ocupados irregularmente por terceros.
Entre los casos recientes se encuentra la intervención de la empresa Fast Moda S.A.S., vinculada a las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty, donde la SAE asumió medidas administrativas tras una investigación de la Fiscalía General por presunto uso de la compañía como fachada para el ingreso de recursos de origen ilícito y contrabando.
"Solicitamos el apoyo total de todas las autoridades: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, todos los entes de control, porque no podemos permitir que por el hecho de estar recuperando estos bienes, que se encuentran muchos aún en las manos de las mafias, de los carteles de la toga, se vaya a pretender atentar contra estos funcionarios", señaló la directora.
La entidad pidió que se adelanten investigaciones urgentes para determinar el origen de los actos de hostigamiento y establecer si existen estructuras organizadas detrás de estas acciones que buscan entorpecer la recuperación de activos estatales en el área metropolitana y otras regiones del país.
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