Directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) lograron frenar por ahora una iniciativa del Gobierno Nacional que buscaba recortar las últimas herramientas de control sobre la actividad yerbatera.
La propuesta, presentada como un reordenamiento administrativo, pretendía dejar sin efecto 21 resoluciones, delegar parte de la fiscalización en SENASA y otorgar mayores facultades al presidente del organismo.
Según el texto, el proyecto solo dejaba intacta el área de promoción de la yerba mate y eliminaba normas dictadas entre 2003 y fines de 2023. Además, le daba al presidente del INYM, Rodrigo Correa, la posibilidad de suscribir convenios y protocolos sin intervención del directorio.
Funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado presentaron la iniciativa en Posadas, junto a integrantes de SENASA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Representantes del Gobierno de Misiones, cosecheros, productores, cooperativas, secaderos y la cadena molinera misionera se unieron para evitar que el INYM se convierta en un cascarón vacío. El sector industrial correntino no se pronunció y los representantes del Gobierno de Corrientes estuvieron ausentes.
Denis Bochert, director suplente del Gobierno de Misiones en el INYM, advirtió que la iniciativa elimina los registros propios de los operadores y los reemplaza por un solo registro de SENASA. “Eso implicaría un reempadronamiento de todos los productores y la eliminación de muchos de los comprobantes que tenemos hoy en el sistema yerbatero”, explicó.
El proyecto buscaba que todo el movimiento de yerba mate en Misiones y Corrientes se realice a través de la guía de tránsito vegetal de SENASA. “Lo venden como una simplificación pero en la práctica es mucho más papeleo para el productor”, sostuvo Bochert.
Uno de los puntos más sensibles era el traslado de los controles de calidad sobre la materia prima a SENASA, pero ya sobre los paquetes que están en góndola, también en la Ciudad y el conurbano. La iniciativa también buscaba dar de baja la Resolución 381/2020, que exige detallar el país de origen y los datos del elaborador extranjero en la yerba canchada que ingresa desde Brasil o Paraguay.
Cinco asociaciones de productores cuestionaron la medida y describieron que elimina reglamentaciones vinculadas con el registro de yerbales, plantas, depósitos, viveros, cosecha mecanizada, documentación, control de movimientos, calidad de hoja verde y yerba canchada, inspección, muestreo y herramientas técnicas del laboratorio oficial.
Por ahora, la iniciativa fue remitida a la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control para un análisis más profundo. El sector yerbatero mantiene la presión para que el INYM conserve las herramientas que durante más de dos décadas ordenaron la actividad y fijaron precios mínimos para la hoja verde y la canchada.
En un documento, las asociaciones señalaron: “No estamos frente a una simple tarea de ordenamiento, digitalización o simplificación administrativa, sino ante una nueva transformación de la capacidad institucional del Instituto: elimina registros y herramientas construidas durante años, desplaza hacia organismos nacionales parte de la información necesaria para conocer la realidad de la cadena y, simultáneamente, concentra en la Presidencia facultades para definir posteriormente aspectos sustanciales del nuevo sistema”.
El proyecto también eliminaba el reglamento de cosecha, que incluye recaudos para evitar la contaminación con tierra, combustibles y otros materiales, así como el manejo de la materia prima y su transporte en condiciones de higiene hacia los secaderos.
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