El consorcio estadounidense Titan Consortium intensifica sus acciones legales para embargar activos soberanos de Argentina en Estados Unidos, buscando hacer efectivo un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por USD 390,9 millones. La disputa se origina en la expropiación de Aerolíneas Argentinas realizada en 2008 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Según confirmaron fuentes especializadas, Argentina no abonó ningún monto correspondiente a este laudo durante los últimos dieciséis meses, lo que motivó al consorcio a intensificar sus intentos de cobro a través de mecanismos judiciales internacionales. La estrategia apunta directamente a activos argentinos bajo jurisdicción estadounidense.
El analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, destacó que el aspecto más relevante de la estrategia de Titan es su intención de establecer prioridad sobre los colaterales de los Bonos Brady que Argentina mantiene depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta maniobra se produce incluso tras el acuerdo alcanzado recientemente por Argentina con los fondos Attestor y Bainbridge, que también poseían laudos pendientes.
La controversia se remonta a 2008, cuando el gobierno argentino estatizó la compañía aérea que estaba en manos del grupo español Marsans. El proceso derivó en una serie de disputas legales internacionales ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. El laudo original estableció una compensación de USD 320 millones más intereses, que con el paso del tiempo alcanzó los 390,9 millones de dólares.
La cadena de transferencias del litigio muestra la complejidad del caso: Marsans cedió inicialmente los derechos a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra Argentina por la expropiación de YPF. Posteriormente, Burford transfirió esos derechos a Titan Consortium, que inició la validación del laudo arbitral ante la justicia del Distrito de Columbia.
Durante la gestión de Marsans, Aerolíneas Argentinas y Austral acumularon pasivos cercanos a los 890 millones de dólares. El grupo español había vendido activos clave de la aerolínea, incluyendo oficinas en ciudades como Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, además de simuladores de vuelo y rutas internacionales con destino a Europa.
Las compañías habían sido adquiridas en 2001 por un valor simbólico de un dólar a un organismo estatal español, situación que forzó al tesoro de España a realizar aportes de capital por unos USD 750 millones para sostener la actividad antes de la expropiación argentina.
Este caso representa uno de los fallos más onerosos que enfrenta Argentina en el exterior y intensifica la presión sobre los activos soberanos del país en jurisdicción estadounidense, en un contexto donde el gobierno busca normalizar las relaciones con los mercados internacionales de capital.
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