La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) volvió a la carga contra el proceso de privatización de la Hidrovía Paraguay-Paraná, elevando este viernes un nuevo dictamen que señala irregularidades en la licitación del dragado, mantenimiento y señalización de la vía navegable más importante del país.
El dictamen, firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, fue presentado al fiscal federal Guillermo Marijuan el mismo día en que el Gobierno nacional fijó fecha para la apertura de ofertas económicas: el martes 19 de mayo a las 13 horas. Pese a las denuncias, la PIA no exigió ninguna medida cautelar y el proceso continúa firme.
Esta es la segunda vez que la Procuraduría interviene en el proceso. El año pasado, justo el día anterior a la presentación de ofertas, ya había denunciado irregularidades similares. Fuentes oficiales señalaron que "se los invitó en cada ocasión de la Mesa de Diálogo Interdisciplinario" pero la PIA siempre declinó participar.
El dictamen apunta contra múltiples aspectos del pliego licitatorio: la redacción de la cláusula anticorrupción, las condiciones para eventual cesión del contrato, los límites a la posibilidad de impugnar y la obligación impuesta al concesionario de justificar garantías sobre deudas pendientes con acreedores actuales.
Particularmente crítico resulta el señalamiento sobre la "fórmula de evaluación desvirtuada" y el procedimiento de etapa múltiple, donde la Procuraduría advierte sobre un "posible direccionamiento del proceso". Esta observación cobra relevancia considerando que en la evaluación técnica oficial, Jan de Nul —anterior concesionario y acreedor de una deuda del Estado— le sacó amplia diferencia a su única competidora, la belga DEME.
La licitación había despertado inicialmente el interés de tres empresas: las belgas Jan de Nul y DEME, y la brasilera DTA Engenharia. Sin embargo, esta última quedó descalificada por no presentar las garantías requeridas, dejando la puja entre las dos firmas europeas.
En un escenario donde existe una tarifa mínima de 3,40 dólares por tonelada registrada neta, ambos competidores podrían proponer el peaje más barato posible, por lo que la balanza se inclinará por la mejor oferta técnica —donde Jan de Nul ya demostró ventaja.
La Procuraduría también cuestionó las audiencias públicas, argumentando que vulneraron el "derecho a una información comprensible, accesible y oportuna", además de señalar la "falta de una evaluación de impacto ambiental" completa.
"Las conclusiones siguen siendo las mismas: surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos", concluyó el fiscal Rodríguez, advirtiendo que esto "conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales".
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