Los últimos diez días de octubre dejaron una secuencia de crímenes contra mujeres que vuelve a poner sobre la mesa la violencia de género en Argentina. En Merlo, Eyvind Soihit Meza, de 44 años, mató a su esposa, Evelyn Rivero Mejías, de 41, y a sus tres hijos de 14, 12 y 10, antes de suicidarse. En la Ciudad de Buenos Aires, una trabajadora sexual de 27 años, Tatiana Micaela Fernández, apareció muerta presuntamente a manos de un mismo hombre, detenido, que también mató a Daniela Villalba, de 28 años, en el interior.
La conmoción se sumó al hallazgo de los restos de Nancy Godoy, de 52 años, docente rural desaparecida desde el 7 de octubre. La autopsia reveló que fue asesinada a puñaladas. En paralelo, se conoció el caso de Juan Manuel Reverter, de 38 años, deportado desde Estados Unidos mientras se tramita su extradición desde México por el homicidio de una modelo argentina y su novia en Playa del Carmen.
Según el registro de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, el año pasado se registraron 200 víctimas directas de femicidio y 19 de femicidio vinculado. En lo que va de 2026, entre enero y el 30 de octubre, el Observatorio Nacional MuMaLá contabilizó 239 femicidios, un promedio de uno cada 30 horas, además de 728 intentos y 179 chicos y adolescentes huérfanos de madre.
El informe señala que el 61% de los crímenes fue cometido por parejas, ex parejas o familiares, y que el 59% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Según distintas organizaciones, octubre es el mes con más asesinatos por razones de género desde 2022.
El femicidio está previsto en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, con prisión perpetua para el homicidio de una mujer por un hombre mediando violencia de género. La Corte Suprema de la Nación tiene en estudio un caso de una joven de 21 años asesinada, primero considerado homicidio simple y luego femicidio, para decidir si restringe el agravante solo a parejas o ex parejas.
Como explica ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una decisión restrictiva implicaría un retroceso y dejaría fuera de la figura de femicidio, por ejemplo, un crimen como el de Angeles Rawson a manos del encargado de su edificio. “No todo asesinato de una mujer es un femicidio”, aclara la organización, pero la Justicia debe mirar cómo ocurrió el crimen y en qué contexto.
Para el Gran Buenos Aires y la Ciudad, el dato es directo: la violencia de género no es un problema menor ni un asunto privado. Cuando un agresor mata en la casa familiar, cuando una trabajadora sexual es contactada por una app de citas y muere, o cuando un hombre es extraditado, el Estado tiene que responder con protección, investigación y políticas públicas que lleguen a los barrios.
Educar desde temprano en el respeto, fomentar el diálogo y la empatía, concientizar sobre estereotipos aún vigentes y desterrar la idea de la mujer como propiedad de un hombre es imprescindible. Mientras se entienda como algo que atañe sólo a las mujeres, seguiremos contando muertas.
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