La investigación sobre la falsa médica de Chaco que engañó al sistema de salud público durante dos años sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. El fiscal Marcelo Soto imputó a Lidia Mabel Ojeda por homicidio con dolo eventual tras la muerte de un paciente de 63 años el pasado 21 de diciembre en el hospital de Quitilipi.
La mujer de 43 años, que fue detenida en el partido de Tres de Febrero en el Gran Buenos Aires, está acusada de atender a 1.232 personas durante un año completo, suministrándoles medicamentos y autorizaciones de forma completamente ilegal. Además, utilizó la matrícula MP 6822 que pertenecía al doctor Horacio Daniel Vázquez.
Según la investigación, Ojeda nunca estudió medicina. Solo tiene conocimientos de bricolaje y dice ser profesora de artes plásticas. Vivió gran parte de su vida en Formosa, aunque habría nacido en Paraguay. Durante los allanamientos en su domicilio bonaerense, los efectivos encontraron elementos sanitarios como agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, uniformes de enfermera y documentación de pacientes.
El caso se destapó gracias a las sospechas de una enfermera que notó irregularidades en los conocimientos de la supuesta médica y alertó al director del hospital Emilio Rodríguez de Quitilipi, Alfredo Acuña. Otros profesionales se sumaron a los cuestionamientos hasta que el director de Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila, verificó los datos y descubrió la usurpación de matrícula.
Uno de los casos más graves involucra a un hombre de 43 años que en marzo de 2025 llevó a su madre al hospital por un fuerte dolor en el pecho. Ojeda le suministró medicación intravenosa y la paciente comenzó a convulsionar y murió poco después. Este episodio forma parte de la imputación por homicidio.
Un aspecto alarmante de la causa es que la falsa médica firmó nueve actas de defunción durante su tiempo en los centros de salud chaqueños. El fiscal César Collado investiga en paralelo una denuncia de legisladores opositores que cuestionan la responsabilidad del ministro de Salud provincial, Sergio Rodríguez, por permitir que operara en hospitales públicos.
"Es inaudito establecer cómo pudo haber pasado esta falta de controles estatales en un hospital de una localidad tan importante", sostuvo el fiscal Soto. Los abogados de Ojeda decidieron que se abstendrá de declarar hasta conocer el contenido completo del expediente.
La causa ahora se enfoca en recabar testimonios de los pacientes y familiares que fueron atendidos por Ojeda para determinar el alcance real de sus acciones riesgosas y evaluar si hubo más víctimas durante los dos años que ejerció ilegalmente la medicina en Chaco.
Comentarios