Mientras Colombia se prepara para las elecciones presidenciales del 21 de junio, un grupo de más de 30 especialistas presentó una declaración con propuestas de seguridad y justicia para orientar al próximo gobierno durante los próximos cuatro años.
La "Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia" fue suscrita por académicos, exfuncionarios públicos, investigadores y expertos de universidades y centros de pensamiento. Entre los firmantes destacan el exministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, la presidenta de Probogotá Región María Carolina Castillo y la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz Daniela Gómez Rivas.
El documento plantea que Colombia necesita "un modelo de seguridad y de acceso a la justicia esencialmente democrático" que combine firmeza institucional con respeto al Estado de Derecho. "Necesita firmeza sin caer en el autoritarismo, inteligencia sin improvisación y resultados sin populismo", señala el texto.
Los expertos advierten sobre el complejo momento que atraviesa el país debido al crecimiento de la inseguridad urbana y del crimen organizado. Según la declaración, Colombia cerró 2025 con una tasa de homicidios de 27,8 por cada 100.000 habitantes, cifra que supera el promedio regional de 17,6 y el mundial de 5,6.
"El desafío actual es perseguir con eficacia y disputar legítimamente la gobernanza criminal de organizaciones que delinquen, crean ejércitos, ejercen control territorial, construyen legitimidad ante las comunidades y proveen bienes y servicios", indica el documento.
La propuesta sostiene que la seguridad debe ir más allá del control territorial o las respuestas centradas exclusivamente en el castigo. Los firmantes consideran necesario fortalecer la confianza en las instituciones, aumentar la legitimidad del Estado en las comunidades y promover oportunidades que reduzcan la capacidad de expansión del crimen organizado.
En el ámbito internacional, la declaración plantea que el respeto entre Estados se construye sobre la disuasión y protección de intereses nacionales, sin adoptar una doctrina ofensiva. Propone fortalecer las capacidades estratégicas, la cooperación regional y el trabajo conjunto con países vecinos frente a amenazas compartidas.
Los expertos critican que la seguridad se mida únicamente mediante indicadores operativos como capturas, bajas o incautaciones. Consideran que el objetivo debe centrarse en transformar las condiciones de vida de las comunidades y consolidar la presencia institucional en los territorios donde las organizaciones criminales han ocupado espacios por ausencia, corrupción o cooptación estatal.
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