El Parlamento Europeo acordó este martes levantar la inmunidad parlamentaria al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, tras la solicitud del Tribunal Supremo español para procesarlo por presunto acoso en redes sociales.
La decisión se tomó mediante voto a mano alzada en el pleno reunido en Estrasburgo, Francia, y permite al Supremo investigar a Alvise como presunto autor de delitos de acoso o 'stalking', provocación a delito de atentado contra funcionario público y odio a través de redes sociales contra la fiscal Susana Gisbert.
La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo había recomendado una semana antes retirar la inmunidad, argumentando que los delitos investigados "no constituyen una opinión expresada o un voto emitido" en el ejercicio de sus funciones como eurodiputado.
Según la argumentación europea, la inmunidad parlamentaria busca proteger al Parlamento y sus diputados frente a procedimientos judiciales relacionados con sus actividades parlamentarias, pero esta investigación por presuntos delitos de odio no vulnera esos privilegios.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo podrá continuar la causa contra Alvise y citarlo a declarar ante el alto tribunal por el presunto acoso a Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia.
El caso forma parte de un panorama judicial más amplio para el controvertido eurodiputado. El Supremo mantiene cinco causas abiertas contra Alvise, incluyendo una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal relacionada con los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', para las elecciones europeas de 2024.
Entre las otras causas figura la difusión de una PCR falsa del actual president catalán Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad, el supuesto acoso a dos eurodiputados que rompieron con SALF, y una querella por amenazas presentada por el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce.
La decisión del Parlamento Europeo marca un precedente significativo en el control de los límites de la inmunidad parlamentaria europea, especialmente en casos relacionados con el uso de redes sociales por parte de representantes electos.
Comentarios