El gobierno de Estados Unidos implementará a partir del 29 de mayo de 2026 una tarifa anual de USD 102 que deberán abonar todos los solicitantes de asilo con expedientes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La medida, que marca un cambio histórico en el sistema migratorio estadounidense, afectará a miles de personas extranjeras que mantienen trámites activos.
La nueva regulación, implementada bajo la ley H.R.1 (2025), establece que la llamada "Annual Asylum Fee" deberá abonarse cada año mientras el caso permanezca sin resolución. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Federal Register, la falta de pago implicará el rechazo automático de la solicitud de asilo y la pérdida de derechos asociados, incluida la autorización de empleo.
Esta medida representa un quiebre con la tradición migratoria estadounidense. Desde 1995, el proceso de asilo no exigía pagos periódicos para mantener un expediente activo. Las autoridades federales justifican la nueva tarifa como una necesidad para fortalecer la financiación del sistema y evitar la acumulación indefinida de casos pendientes.
La obligación de pago se extiende a todas las personas extranjeras que tengan una solicitud de asilo pendiente ante USCIS, sin distinción de nacionalidad, edad o fecha de ingreso del expediente. El monto se ajustará anualmente conforme a la inflación, según establece la regla publicada por el DHS.
Las autoridades federales han definido que la notificación sobre el pago será enviada por correo electrónico y postal, con un plazo de 30 días para efectuar el pago exclusivamente a través del portal digital de USCIS. El incumplimiento de este plazo resultará en el cierre definitivo del expediente.
La normativa contempla excepciones limitadas únicamente para algunos menores no acompañados que cumplan condiciones específicas establecidas en la ley H.R.1. USCIS detalló en su portal institucional que "no existen exenciones generales ni reducciones" para el pago anual de la tarifa de asilo.
Para los migrantes que vean rechazada su solicitud por falta de pago, la única alternativa será iniciar un nuevo trámite completando nuevamente el formulario I-589 y pagando la tarifa inicial vigente, lo que implica comenzar todo el proceso desde cero.
Esta medida se suma a las políticas migratorias más restrictivas implementadas en los últimos años y podría tener un impacto significativo en las comunidades de inmigrantes que ya enfrentan dificultades económicas mientras esperan la resolución de sus casos de asilo.
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