Seis meses después de que el presidente Donald Trump advirtiera a los estados que no avanzaran con regulaciones propias sobre inteligencia artificial, la tendencia parece ir en sentido contrario. Legisladores de todo el país continúan presentando y aprobando leyes para controlar cómo se utilizan estas tecnologías en ámbitos que van desde el empleo hasta la protección de menores.
Mientras el Congreso sigue sin alcanzar consensos para establecer un marco regulatorio federal, los estados han comenzado a ocupar ese vacío con normas cada vez más específicas. La administración Trump considera que una proliferación de regulaciones estatales podría obstaculizar el desarrollo de una industria estratégica para la economía y la seguridad nacional, especialmente en la competencia tecnológica con China.
Con ese argumento, el presidente firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Justicia a identificar y cuestionar leyes estatales consideradas excesivamente restrictivas para la innovación. La medida también prevé que el Departamento de Comercio elabore un listado de regulaciones problemáticas y contempla posibles restricciones al acceso a programas federales de financiamiento para los estados que adopten normativas incompatibles con la visión de la Casa Blanca.
Sin embargo, hasta el momento el gobierno federal no ha iniciado acciones judiciales contra ninguna ley estatal vinculada con la inteligencia artificial. Lejos de frenar la actividad legislativa, la presión de Washington parece haber tenido poco efecto. Según especialistas en políticas tecnológicas, este año se presentaron más proyectos relacionados con IA que en 2025, incluyendo iniciativas impulsadas tanto por demócratas como por republicanos.
Uno de los ejemplos más recientes es Illinois, donde una ley espera la firma del gobernador JB Pritzker. La norma exige que los desarrolladores de modelos avanzados de IA implementen protocolos para prevenir riesgos graves, como ataques biológicos, apagones masivos o ciberataques de gran escala. Además, el proyecto incorpora una novedad: obliga a que auditores independientes verifiquen si las empresas cumplen con sus propias políticas de seguridad y control.
Uno de los focos principales de las nuevas leyes estatales son los chatbots y asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial. Estados como Colorado, Connecticut, Idaho, Iowa, Nebraska y Oregón aprobaron durante este año normas destinadas a limitar cómo estas herramientas interactúan con las personas, especialmente con menores de edad.
Connecticut fue más allá y reguló los llamados "chatbots de compañía", diseñados para mantener relaciones prolongadas con los usuarios. La ley establece que estos sistemas no podrán interactuar con menores de 18 años salvo que cuenten con salvaguardas específicas contra conductas autodestructivas y mecanismos de supervisión parental.
Otra tendencia creciente apunta a la transparencia en los sistemas automatizados que influyen en decisiones importantes para las personas. Colorado aprobó una ley que obliga a las empresas a informar cuando utilizan inteligencia artificial en áreas como empleo, educación, vivienda o servicios financieros. En Connecticut, los empleadores deberán comunicar a trabajadores y postulantes cuando un sistema de IA participe en procesos de selección o evaluación laboral.
Además, estados como Connecticut, Washington y Utah exigen que desarrolladores incorporen mecanismos de identificación en contenidos digitales para que los usuarios puedan determinar si una imagen, video o archivo fue generado o modificado mediante inteligencia artificial. California también analiza nuevas regulaciones, incluyendo el proyecto denominado "No Robo Bosses Act", que impediría a las empresas despedir o sancionar trabajadores basándose exclusivamente en decisiones tomadas por IA.
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