El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España estableció este miércoles que los detenidos deben volver a declarar de forma presencial ante los jueces, abandonando definitivamente la modalidad telemática que se había implementado durante la pandemia de COVID-19.
La decisión fue adoptada por el Pleno del CGPJ tras detectar que en algunos partidos judiciales españoles los detenidos seguían prestando declaración desde las comisarías mediante videoconferencia, una práctica que se había extendido más allá de lo previsto inicialmente.
El órgano de gobierno de los jueces instruyó a los presidentes de Audiencias Provinciales, las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial y las Juntas de Jueces a organizar la presentación de detenidos ante el juez de guardia de manera presencial en todos los partidos judiciales del país.
La medida se fundamenta en el cumplimiento del artículo 17.2 de la Constitución Española, que establece las garantías procesales para las personas privadas de libertad. El CGPJ solicitó que se proporcionen los medios adicionales necesarios de las administraciones responsables para implementar el cambio.
Durante la emergencia sanitaria, el CGPJ había autorizado excepcionalmente que las declaraciones de detenidos se realizaran por medios telemáticos desde dependencias policiales, manteniendo las debidas garantías procesales. Sin embargo, la declaración oficial del fin de la crisis sanitaria en julio de 2023 obligó a revisar esta decisión extraordinaria.
El acuerdo establece que cada juez podrá resolver excepcionalmente la declaración telemática de un detenido solo por causa justificada, siguiendo las condiciones previstas en las leyes procesales. En estos casos excepcionales, se priorizará la pronta notificación y el efectivo cumplimiento de la resolución judicial.
Esta decisión marca el retorno definitivo a los procedimientos judiciales tradicionales en España, tras más de cuatro años de adaptaciones tecnológicas implementadas durante la pandemia. La medida busca garantizar el pleno respeto de los derechos constitucionales de las personas detenidas y fortalecer las garantías del debido proceso.
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