El gobierno español contabilizó 900.000 solicitudes de personas extranjeras interesadas en regularizar su situación migratoria, estableciendo un nuevo récord en procesos de este tipo. El plazo para presentar peticiones vence el 30 de junio, restando apenas dos semanas.
Del total de solicitudes presentadas, 360.000 ya fueron admitidas a trámite, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las autoridades realizaron un llamamiento a la calma e instaron a completar las solicitudes para que "nadie se quede fuera" del proceso.
Sin embargo, las entidades sociales colaboradoras denunciaron numerosas "trabas burocráticas, controles policiales y deportaciones exprés" desde el inicio del proceso en abril. Para migrantes procedentes de Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia resulta especialmente complejo obtener el certificado de antecedentes penales, documento indispensable para la solicitud.
La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, complica la gestión y prolonga los tiempos de espera, criticaron desde el movimiento Regularización Ya. Otros solicitantes enfrentan dificultades en los servicios sociales municipales para obtener el certificado de vulnerabilidad exigido a quienes no trabajaron con contrato en España.
Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya en Valencia, explicó que el aislamiento de trabajadores migrantes como jornaleros e internas del servicio doméstico complica su acceso al proceso. "Hay personas que trabajan de lunes a sábado, e incluso internas que solo pueden salir tres horas cada 15 días", señaló.
Las trabajadoras internas también tienen problemas para demostrar los cinco meses de residencia continuada que exige el proceso, además de acreditar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2015. "No pueden obtener esas pruebas porque están encerradas en una casa", indicó Cabrera, quien calificó el trabajo de interna como "la esclavitud moderna".
Ante esta situación, las organizaciones sociales reclamaron una extensión del plazo más allá del 30 de junio, aunque el Ejecutivo mantiene esa fecha límite. Regularización Ya registró una proposición no de ley en el Congreso, a través de Podemos, Sumar, Eh Bildu, ERC y BNG, para facilitar la legalización de documentos.
También solicitaron paralizar las deportaciones de personas en proceso de regularización, reivindicación respaldada por el Defensor del Pueblo el pasado 1 de junio. Esta constituye la sexta vez que España implementa un proceso de regularización extraordinaria, mecanismo utilizado tanto por gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista.
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