El gobierno español dio un paso decisivo para proteger la salud de los más jóvenes al lanzar la consulta pública del anteproyecto de ley que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca convertirse en ley "cuanto antes", según anunció el ministro Pablo Bustinduy.
Durante el acto por el 25° aniversario de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), Bustinduy explicó que la medida apunta a limitar los riesgos que estas bebidas pueden provocar en niños, niñas y adolescentes, alineándose con normativas ya vigentes en otros países europeos y algunas comunidades autónomas españolas.
"Vamos a insistir las veces que haga falta hasta que esto sea ley, es nuestra obligación democrática garantizar entornos saludables y seguros para la infancia y la adolescencia", declaró el ministro, haciendo referencia a una reciente iniciativa parlamentaria que fue rechazada en el mismo sentido.
Los datos que respaldan esta decisión son alarmantes: según la encuesta ESTUDES del Ministerio de Sanidad, casi el 40% de los adolescentes consume bebidas energéticas, y un preocupante 15% las mezcla con alcohol, una práctica que multiplica exponencialmente los riesgos para la salud.
La propuesta establece que la prohibición se aplicará a menores de 16 años en general, pero se extenderá hasta los 18 años para aquellas bebidas que contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Esta regulación complementará el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que ya prohíbe la venta de estas bebidas en centros educativos.
La iniciativa se sustenta en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos científicos como la propia AESAN, que advierten sobre los efectos nocivos del consumo excesivo de cafeína: alteración del sueño, efectos psicológicos, cambios en el comportamiento y trastornos cardiovasculares. Además, el consumo regular se ha asociado a sobredosis de cafeína, hipertensión, pérdida de masa ósea y osteoporosis.
España sigue el camino de otros países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania, que ya han implementado restricciones similares. A nivel nacional, comunidades como Galicia y Asturias han aprobado o están tramitando normativas en la misma dirección.
El respaldo social a la medida es contundente: según el último barómetro de la AESAN sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas, nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición, lo que demuestra el amplio consenso ciudadano sobre la necesidad de proteger la salud de los menores.
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