El juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de dos computadoras de la Armada Argentina desde las cuales se ejecutaron pagos irregulares por $981 millones entre julio de 2022 y enero de 2026. Los equipos, resguardados en una caja fuerte tras una auditoría interna, serán peritados como parte de la investigación por corrupción que sacude a la fuerza naval.
Las computadoras estaban asignadas a una agente civil del Departamento Revista, cuyo jefe era Ariel Atanasoff, el principal señalado en la causa. Atanasoff fue relevado de su cargo tras admitir en el sumario interno que él decidía las operaciones, los beneficiarios y los montos involucrados. Según declaró, su objetivo era "favorecer económicamente" a otras personas.
La maniobra consistía en modificar los archivos de acreditaciones bancarias después de la liquidación oficial de sueldos, generando pagos superiores a los que correspondían. El Banco Nación ejecutaba estas transferencias sin detectar las irregularidades. En total, se realizaron 645 acreditaciones fraudulentas a lo largo de cuatro años.
Entre los 23 beneficiarios hay personal militar en actividad —la mayoría capitanes de corbeta—, retirados y empleados civiles de la Armada. Sin embargo, cuatro personas sin ningún vínculo con la fuerza cobraron el 44% del total, casi 430 millones de pesos. La principal beneficiaria fue María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien recibió más de 152 millones de pesos en 46 transferencias.
La Armada descubrió el fraude en enero de 2026 al detectar cinco pagos irregulares en la liquidación mensual. Inmediatamente formó una comisión especial de auditoría que rastreó las operaciones hasta las dos computadoras ahora secuestradas. La propia fuerza presentó la denuncia ante la Justicia Federal, en un intento por desmarcarse del escándalo.
El fiscal federal Ramiro González abrió formalmente la investigación la semana pasada. Además del secuestro de los equipos informáticos, el juez Ramos ordenó al Banco Nación que entregue todas las constancias de las acreditaciones sospechosas con detalle de montos, fechas y beneficiarios. También solicitó a la Armada los legajos personales de los involucrados y la nómina completa del personal que trabajó bajo las órdenes de Atanasoff.
El caso revela no solo la magnitud del fraude —casi mil millones de pesos en cuatro años— sino también las fallas en los controles internos de una institución de las Fuerzas Armadas. Que la maniobra se sostuviera durante tanto tiempo sin ser detectada plantea interrogantes sobre la supervisión de las liquidaciones de sueldos y el rol del Banco Nación en el proceso de acreditaciones.
Personal de la Prefectura Naval Argentina ejecutó el secuestro de las computadoras por orden judicial. Los equipos serán sometidos a pericias informáticas para reconstruir el rastro digital de las operaciones fraudulentas y determinar si hubo más personas involucradas en la cadena de pagos irregulares.
La investigación busca establecer si Atanasoff actuó solo o si existió una red de complicidad dentro de la Armada. También se indagará el destino final de los fondos y si hubo algún tipo de retorno o beneficio para el principal acusado más allá de los pagos a su esposa. El caso podría derivar en procesamientos por administración fraudulenta, peculado y asociación ilícita.
Con información de: Clarín
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