Un nuevo escándalo sacude a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP, tras conocerse el ascenso discrecional de 246 empleados que aparentemente no cumplen con los requisitos básicos de antigüedad, formación o mérito establecidos en el convenio colectivo de trabajo.
La resolución firmada el lunes por el titular del organismo, Andrés Vázquez, dispuso la promoción de 207 agentes de la Dirección General Impositiva (DGI) y 38 de Aduana, en varios casos directamente a la categoría máxima, lo que implica salarios que pueden llegar hasta los $6 millones mensuales.
Los gremios denuncian que varios de los beneficiados tienen relaciones de parentesco o afinidad con autoridades del organismo, violando los principios de transparencia y meritocracia que deberían regir en la administración pública. El convenio colectivo establece claramente un lapso mínimo de 2 años de antigüedad para ascender de categoría de a dos grupos.
El caso más llamativo es el de Daiana Soledad Venier, quien saltó del grupo 11 al 22 en la DGI con apenas 6 meses de experiencia y sin título universitario. La empleada es hermana de Karina Venier, subdirectora general de operaciones impositivas metropolitanas y asesora directa de Vázquez.
En el sistema de la ex AFIP, los sueldos van desde los $1,3 millones hasta los $6 millones, dependiendo de la categoría. En la DGI, el escalafón va del grupo 1 (más bajo) al 26 (más alto), mientras que en Aduana la máxima categoría es el escalafón 1.
Esta maniobra se produce en un contexto donde el gobierno de Javier Milei prometió transparencia y eficiencia en la gestión pública, pero las prácticas clientelares parecen perpetuarse en organismos clave como el recaudador nacional. La denuncia gremial pone en evidencia cómo el nepotismo sigue siendo una práctica habitual en la administración, afectando la moral de los empleados que sí cumplen con los requisitos.
El escándalo llega en un momento crítico para ARCA, que debe liderar la recaudación fiscal en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Los ascensos irregulares no solo comprometen la credibilidad institucional, sino que también generan un costo fiscal adicional en momentos donde el gobierno busca reducir el gasto público.
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