La reciente confirmación de once ministerios peruanos sobre el pago de gratificaciones a trabajadores bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) para julio de 2026 ha generado repercusiones que trascienden las fronteras, llegando hasta los empleados públicos de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Entre las entidades que confirmaron los pagos se encuentran la Municipalidad de San Luis, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Geofísico del Perú y el Ministerio del Interior, todos bajo el marco de la controvertida Ley 32563 que otorga gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.
La medida peruana ha despertado el interés de sindicatos porteños, particularmente aquellos que representan a empleados de organismos descentralizados con sede en CABA, como el PAMI, ANSES y diversos entes reguladores. "Estamos siguiendo de cerca lo que pasa en Perú porque muestra que es posible implementar beneficios adicionales sin comprometer la estabilidad fiscal", comentó un dirigente sindical de ATE Capital.
El aspecto más controvertido de la implementación peruana radica en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió sobre el impacto en el costo fiscal, pero aclaró que no proporcionará presupuesto extra para estos pagos. Cada entidad debe realizar los ajustes presupuestales correspondientes con sus recursos actuales.
Esta situación genera un paralelismo con la realidad argentina, donde empleados públicos de organismos nacionales con sede en AMBA han venido reclamando mejoras salariales y beneficios adicionales. La experiencia peruana podría servir como antecedente para futuras negociaciones paritarias en el sector público argentino.
"Al respecto, se precisa que la referida Ley es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sector público", recordó el Ministerio del Interior peruano en su comunicado, reafirmando su compromiso con la implementación de la norma.
La expectativa ahora se centra en pronunciamientos de entidades con mayor cantidad de empleados, como los ministerios de Educación y Salud, cuyos sindicatos tienen particular relevancia en el panorama laboral público peruano.
Para los trabajadores del sector público en Argentina, especialmente aquellos empleados en dependencias nacionales ubicadas en Ciudad de Buenos Aires, esta experiencia internacional representa un caso de estudio sobre cómo implementar beneficios adicionales manteniendo el equilibrio fiscal, un debate que cobra relevancia en el contexto de las próximas negociaciones paritarias del sector público.
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