La jueza federal María Servini declaró clausurada la instrucción y elevó a juicio correccional al policía federal Nicolás Emanuel Céspedez, acusado de agredir a una jubilada durante la marcha del 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El uniformado está imputado por lesiones leves dolosas agravadas por abuso de su función como miembro de una fuerza de seguridad. El caso recayó en el juzgado criminal y correccional 9, que actualmente subroga Sebastián Ramos, tras el sorteo realizado en la Cámara Federal.
La víctima, Beatriz Blanco, fue rociada con gas pimienta y empujada por personal policial durante los incidentes violentos de aquella jornada. "Cuando estaba en el suelo, el mismo policía que me atacó extrajo una lata y me roció con gas pimienta en la cara y los ojos. Yo no estaba consciente, pensé que me estaba muriendo", relató la mujer en su declaración.
Tras la agresión, Blanco fue trasladada al Hospital Argerich, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo encéfalo-craneano sin pérdida de la conciencia y una herida cortante en región occipital que requirió suturas.
El juicio correccional es un proceso penal con tribunal unipersonal diseñado para agilizar procedimientos en delitos que no excedan los tres años de prisión. En este caso, la pena máxima prevista sin agravantes es de un año de cárcel.
En su descargo, Céspedez describió que "como muchas veces ha ocurrido, en distintas marchas sociales, se produjeron ataques provenientes de personas que se manifestaban contra los policías", e identificó a Blanco como una de las agresoras.
El fiscal Eduardo Taiano estuvo de acuerdo con la querella para solicitar la elevación a juicio. Sin embargo, el abogado de la jubilada, Daniel Llermanos, reclamó investigar "la posible coautoría mediata en aparatos organizados de poder, en cabeza de la por entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich".
Según la acusación, "no se puede descartar que el aquí procesado haya actuado en el marco de un plan sistemático del actual gobierno nacional para desalentar la protesta social". La jueza Servini no se pronunció sobre este aspecto, aunque rechazó el pedido de sobreseimiento del policía.
Este caso se suma al del gendarme Héctor Jesús Guerrero, autor del disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo durante la misma manifestación. Su causa ya fue elevada hace un mes al Tribunal Oral Federal 6, con una imputación por lesiones gravísimas agravadas que podría superar los 10 años de prisión.
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