La elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura se volvió un termómetro político. A menos de tres semanas del 20 de octubre, la pelea se encendió con acusaciones cruzadas sobre quiénes mandan en los concursos judiciales.
El candidato de La Libertad Avanza, Luis Palomino, apuntó contra Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, a quienes atribuyó influencia sobre el organismo que selecciona y controla a los jueces. «Todos sabemos que los concursos son amañados. Al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici», lanzó en una jornada en Mendoza.
La discusión ocurrió en una jornada sobre transparencia en la selección de magistrados, en la Universidad Congreso, organizada por la Suprema Corte de Mendoza. Allí también expuso Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, consejero electo por los académicos y articulador de una lista peronista.
El próximo 20 de octubre, los abogados con matrícula federal activa de todo el país votarán para renovar cuatro representantes del período 2026-2030. La elección, aunque nacional, tiene anclaje directo en CABA y el Gran Buenos Aires: la lista de Alberto “Nacho” Biglieri reúne sectores del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y dirigentes del radicalismo porteño.
Palomino encabeza Abogacía por la Libertad, la lista con la que el oficialismo nacional buscará ingresar con representantes propios. Es concejal de Vicente López y ex subsecretario de Empleo de la Nación, y está alineado con el sector de LLA que conduce Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.
Su crítica central apunta a una supuesta endogamia en los concursos: según planteó, el sistema favorece a quienes ya están en el Poder Judicial frente a los abogados del ejercicio profesional. Reclamó cambios en el reglamento de selección, entrevistas estructuradas y mecanismos de auditoría para «profesionalizar la Justicia».
Molea, que participa del armado de Abogacía Federal, coincidió en denunciar presiones alrededor del Consejo, pero extendió las críticas a la política y a sectores privados. Según su lectura, operan distintos grupos de poder que intentan incidir en las decisiones, y diferenció a su espacio por la autonomía de sus candidatos.
La elección encuentra a los principales sectores políticos y de la abogacía distribuidos en cuatro listas. Una de ellas es Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Biglieri, donde tiene influencia Angelici, expresidente de Boca y dirigente de peso en la UCR de la Ciudad. En ese armado también aparece Eduardo Bittar, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.
En Córdoba sostienen que Bittar tiene denuncias penales por presuntos delitos de estafa y defraudación. Incluso aseguran que en la Justicia federal habría expedientes por presunto lavado de activos y evasión, vinculados a la compraventa presuntamente fraudulenta de la Estancia El Cautivo dentro del juicio sucesorio de Juan Feliciano Manu. Los expedientes tramitarían ante el juzgado federal número tres, a cargo de Hugo Miguel Vaca Narvaja, y la fiscalía federal número dos, a cargo de Carlos Casas Noblegas; Facundo Garade Panetta fue uno de los denunciantes.
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