El Tribunal Supremo de España celebrará este viernes una vista crucial para evaluar las peticiones de suspensión cautelar del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. La medida, que podría beneficiar a medio millón de personas, enfrenta una fuerte oposición de sectores conservadores y regiones como Madrid.
La audiencia, inicialmente programada para el 13 de mayo, fue postergada por necesidades del servicio judicial. Entre los solicitantes de la suspensión se encuentran Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, y la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso.
El decreto, aprobado en abril, está diseñado para regularizar la situación de 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas en situación irregular, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La medida representa uno de los procesos de regularización más ambiciosos de la historia reciente española.
Vox ha sido particularmente crítico con la iniciativa. Su dirigente Ignacio Garriga denunció que "lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria" y consideró que envía "un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España".
Por su parte, Hazte Oír argumentó ante el Supremo que el decreto "excede los límites legales" y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos". La organización considera que la medida va más allá de las competencias gubernamentales.
La Comunidad de Madrid justificó su recurso alegando que la regularización afecta "gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos de financiación y de provisión de medios". Ayuso también argumentó que la medida "contraviene" la normativa europea y "afecta" a la seguridad regional.
En defensa del decreto, la Abogacía del Estado sostendrá que paralizar la iniciativa supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". El gobierno central considera que la medida es tanto legal como necesaria desde una perspectiva humanitaria.
La decisión del Supremo tendrá implicaciones significativas no solo para los 500.000 potenciales beneficiarios, sino también para la política migratoria española en su conjunto. El fallo podría sentar precedentes sobre los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración y el equilibrio entre las competencias estatales y autonómicas.
El proceso de regularización extraordinaria forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Sánchez para abordar la inmigración irregular, en un contexto europeo donde el tema genera crecientes tensiones políticas y sociales.
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